Así lo anunció el asambleísta Marco Troya, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y miembro de la Comisión de Fiscalización, quien asegura que la modalidad de consorcios la usan con el fin de violentar y evitar los procesos de contratación pública para beneficiar a terceros utilizando a la empresa pública.
Troya pidió a la Contraloría General del Estado el 1 de julio pasado que se auditen doce contratos suscritos por la Prefectura de Los Ríos bajo la figura de consorcio con empresas privadas, cuyo monto supera los $ 20 millones.
Los doce contratos tienen relación con el servicio de alquiler de maquinaria para realizar trabajos de limpieza y desazolve en los cauces naturales y artificiales en la provincia de Los Ríos; reforzamientos con piedra en muro en las orillas del río Vinces; ampliación y regeneración del ingreso a Quevedo; rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de la carpeta asfáltica en el cantón Quinsaloma.
También hay contratos a través de consorcio sobre transporte de material pétreo; rehabilitación vial en diferentes vías en cantones como Quevedo, Buena Fe, Mocache, Vinces y Palenque; rehabilitación vial en Babahoyo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta y Ventanas; acopio de material pétreo; mantenimiento rutinario de la vía E25, Buena Fe-Babahoyo-Jujan.
El legislador aclaró que si bien la Ley permite los consorcios, la Ley no permite la violación de los procesos de contratación pública, pues debe haber un concurso público o licitación; pero en el caso de la Prefectura de Los Ríos, utilizan el régimen especial.
En este caso pidió la intervención de la Contraloría, en paralelo abrirá una investigación a nivel de la Asamblea Nacional, y al momento analiza con su equipo técnico si amerita una demanda penal.
Otra de las acciones es presentar una reforma a la Ley de Contratación Pública para que se prohíba que una institución pública pueda contratar con un consorcio en el cual sea parte una empresa de la cual la autoridad contratante es accionista.
Nota Original: El Universo – LINK
