Pero en el dial AM de la Super K800 y la Prensa Sport, 100.1 FM, que tenían programas referentes en el periodismo deportivo porteño, solo se escucha un ruido. La programación ha desaparecido y la música que hasta meses atrás se oía ya no está al aire.
Las dos emisoras fueron incautadas en gobiernos anteriores como negocios en marcha y actualmente, según registros de la Superintendencia de Compañías, están en proceso de disolución y liquidación de pleno.
Legalmente no están muertas. Tienen deudas pendientes con entidades y los exempleados hasta ahora no reciben liquidaciones.
Los problemas de estos y otros medios incautados principalmente a exbanqueros, entre ellos los hermanos Isaías, son parte de la ‘herencia’ que ha recibido la administración de Guillermo Lasso.
De trece medios incautados que están en manos del Estado, el gobierno de Lasso ha recibido solo cuatro empresas activas: Cadena Ecuatoriana de Televisión (TC), El Tiempo, Radio Difusora del Pacífico Rapasa y Electroquil.
En la otra orilla, en fase de disolución y liquidación están Compañía Televisión del Pacífico Teledós (Gamavisión), Cablevisión, América Visión, Editorial Uminasa, Radio Bolívar (Super K800), Organización Radial C.A., radio La Prensa y Movidad.
Dentro de este último grupo, el Gobierno incluye a Editores e Impresores Edimpres, empresa que imprimía el diario Hoy. El rotativo quiteño cerró durante el régimen de Rafael Correa tras la liquidación ordenada por la Superintendencia de Compañías.
En libros contables, según los datos del actual Gobierno, las acciones de los medios incautados están valoradas en $ 16′557.823,19.
Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, sostiene que la intención del Gobierno es la venta de los mencionados medios y que se encuentra trabajando en aspectos legales y administrativos para ello. “Existe la voluntad política de vender este y todos los medios privados incautados”, afirma.
No obstante, el funcionario reconoce que los medios incautados cuentan con varias restricciones legales que impiden su venta de manera inmediata. “La estrategia de venta todavía no puede salir por las restricciones legales. Una vez que solventemos la parte legal se trabajará en una estrategia de venta que sea conveniente para todas las partes involucradas”, dice.
Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías, asevera que ellos obtuvieron un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de Ginebra, que ordenó la devolución de los bienes incautados en el 2008 durante el gobierno de Correa.
Con base en ese dictamen, los exdueños de Filanbanco solicitaron a un juez una medida cautelar con la cual se prohíba la enajenación de bienes incautados. La medida fue concedida hasta que se resuelva el problema con el Estado. Zavala indica que el Estado no puede vender los bienes por prohibición judicial.
El Estado tiene participación en los medios incautados a través de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP, firma creada en el gobierno de Lenín Moreno tras disponer la liquidación de la Empresa Pública de Medios Públicos.
Del total de medios incautados, en nueve de ellos ya se realizó la cesión de acciones a esa empresa. Allí, por ejemplo, está el canal TC, el negocio en marcha de mayor valía de los medios incautados.
| Venta de empresas incautadas activas | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cadena Ecuatoriana de Televisión, TC | $ 37′929.678,1 | $ 26′174.661,9 |
| Electroquil | $ 309.734,04 | $ 1′062.809,49 |
| Radio Difusora del Pacífico Rapasa | – | – |
| El Tiempo | – | – |
| Fuente: Supercías | ||
En abril pasado, la representante legal de la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador-Medios Públicos EP informó a TC que se transfirieron 4′214.492 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal a favor de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP.
El gerente de ese canal, Rafael Cuesta, ha sostenido que esa es una empresa privada cuyas acciones están ilegalmente y momentáneamente en manos del Estado.
“Rafael Cuesta no habla por el Gobierno y el Gobierno no habla por Rafael Cuesta. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y de prensa”, responde Bonilla ante los dichos de Cuesta.
El secretario de Comunicación afirma que tienen claro que TC Televisión fue creada como una compañía anónima cuyas acciones mayoritariamente son de propiedad de la Empresa Pública Comunicación del Ecuador EP. “Legalmente, el medio de comunicación se rige a la normativa de compañías vigente y a la normativa de administración pública que sea aplicable en su caso”, afirma.
Pero mientras el Gobierno trata de empaparse para hallar una solución para la venta de los medios incautados, un grupo de exempleados desesperan por sus liquidaciones. Cinco de ellos ya han muerto.
Bonilla asegura que el Gobierno está tomando los correctivos del caso con los gerentes y liquidadores, en su calidad de representantes legales, para que cumplan las obligaciones laborales y patronales que les corresponden a los empleados desvinculados.
Margarita Constante, quien era periodista de Super K800 y es vocera de los exempleados desvinculados, sostiene que el Gobierno sabe que ahora los liquidadores no pueden vender los activos para que les cancelen. Por ello, pide que el mandatario encuentre una pronta solución para los pagos pendientes.
“Pueden cambiar el nombre (de la empresa que tiene las acciones), pero el Estado es el accionista y responsable de nuestras liquidaciones. El Estado deber dar los recursos a los liquidadores para que nos paguen. Fue el Estado el que nos incautó y quebró nuestras fuentes de trabajo”, indica Constante.
Nota Original: El Universo – LINK
