Robert Díaz, abogado del Comité de Empresa de Cablevisión, uno de los medios incautados, dijo que la Comisión de Fiscalización debe indagar cómo se manejaron estos medios y por qué algunos se han perdido, pese a que fueron tomados por el Estado como negocios en marcha.
“Estos medios tenían audiencia, clientes que pautaban y los dejaron en el olvido y los tuvieron que cerrar”, sostuvo el abogado, quien emitió un pronunciamiento conjunto con un grupo de extrabajadores.
Cablevisión es parte de un grupo de medios de comunicación que fueron incautados durante el 2008 en el gobierno de Rafael Correa. En su momento, el exmandatario ofreció vender esos medios.
Actualmente, Cablevisión está en proceso de disolución y liquidación. En la misma condición están Compañía Televisión del Pacífico Teledós (Gamavisión), América Visión, Editorial Uminasa, radio Bolívar (Super K800), Organización Radial C.A., radio La Prensa y Movidad.
Los únicos medios incautados operativos son Cadena Ecuatoriana de Televisión (TC), El Tiempo y Radio Difusora del Pacífico Rapasa. Electroquil, que no es un medio como tal, también está en manos del Estado y sus acciones las posee Comunica, empresa pública.
Parte de esas empresas era de los hermanos Isaías, expropietarios de Filanbanco. Ellos mantienen activas acciones legales para recuperar las empresas, lo que impide al Estado venderlas.
El Gobierno actual dice que hay voluntad política para vender los medios incautados, pero admite que existen estas restricciones legales para hacerlo de inmediato.
Los extrabajadores han pedido que se inicie un proceso de fiscalización de la liquidadora de la Empresa Medios Públicos EP por la adjudicación de un terreno que pertenecía a los medios incautados y que supuestamente fue rematado el pasado 19 de mayo por un valor de $ 2′000.000.
Según los exempleados, ese dinero no se ha destinado para pagar las liquidaciones y aportaciones al IESS y el Biess. A los extrabajadores de Cablevisión, a más de estos rubros les deben las indemnizaciones por un juicio laboral que resolvió a su favor el Ministerio del Trabajo.
El abogado Díaz sostuvo que los extrabajadores exigen liquidaciones que por derecho les corresponden, porque fueron despedidos intempestivamente.
Los exempleados volvieron a insistir este jueves en que el presidente de la República firme un decreto ejecutivo para viabilizar el pago.
Rodolfo Enríquez, excolaborador de un medio incautado, sostuvo que actualmente otro de sus compañeros se encuentra en estado grave en un hospital. Hasta ahora cinco extrabajadores han fallecido sin recibir sus pagos.
Nota Original: El Universo – LINK
