En un término de cinco días, seis miembros de una Comisión Calificadora tomarán posesión de sus cargos ante la Función de Transparencia y Control Social e iniciará de inmediato el concurso público para elegir a tres nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC).

Ayer, las funciones Ejecutiva, de Transparencia y la Asamblea Nacional oficializaron los nombres de sus candidatos a conformar esta Comisión Calificadora, que en un plazo de seis meses deberá elegir a los tres nuevos jueces, como parte de la primera renovación parcial.

Es la Constitución en su artículo 434, que dispone que los jueces constitucionales se designarán por una comisión calificadora, integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social.

El presidente Guillermo Lasso escogió a Edgar Neira Orellana y Duna Martínez Molina.

Neira es abogado, especializado en arbitrajes, derecho administrativo y tributario. Docente en varias universidades, ha trabajado en la Comisión Jurídica del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, en la Cámara de Comercio Internacional de París, entre otros.

Martínez es docente de Derecho Constitucional en universidades nacionales y prestó sus servicios en el Consejo de Educación Superior entre el 2012 y 2013; la Corte Constitucional entre 2010 y 2012; en el Tribunal Contencioso Electoral en el 2009, entre otras.

La Función de Transparencia, que integra a nueve instituciones del Estado (y que la preside Danilo Sylva, superintendente de Control del Poder del Mercado) designó a Vanesa Aguirre y Rafael Oyarte.

Los dos juristas formaron parte de la comisión calificadora que realizó el concurso de elección de los actuales nueve jueces de la Corte, por disposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición.

Aguirre, abogada en libre ejercicio, es docente y árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, desde marzo del 2015.

Oyarte es abogado en libre ejercicio, y también ha sido docente de universidades internacionales y nacionales.

La Asamblea Nacional con 72 votos de sus legisladores escogió a Medardo Oleas Rodríguez y Luis Fernández Piedra.

Oleas es abogado en libre ejercicio y fue vocal, vicepresidente y presidente del extinto Tribunal Supremo Electoral.

Fernández Piedra ha desempeñado cargos como juez de los tribunales y también fue asesor del antes Congreso Nacional.

Fernández fue impugnado en el 2011 cuando se postuló al concurso de méritos y oposición para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que realizó el extinto Consejo de la Judicatura de Transición.

Lo impugnó el ciudadano Andrés Negrete, alegando que había sido objeto de varias sanciones cuando Fernández se desempeñaba como juez.

Por ejemplo, por negligencia en la tramitación de un juicio penal, por haber permitido la evasión de un presunto responsable de violación en el 2003, entre otros, según consta en una resolución del Consejo de la Judicatura anterior.

Fernández rechazó los cuestionamientos, pero la Judicatura concluyó que el impugnado “no demostró en contrario” las aseveraciones.

El constitucionalista Ismael Quintana explicó que estos ciudadanos ya conforman la Comisión Calificadora, y que ni el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, ni la Función de Transparencia podrán revisar el cumplimiento de los requisitos, que según la Constitución, deben cumplir los mismos requisitos que los candidatos a ser juez constitucional.

“Estas seis personas ya integran la Comisión, no hay ninguna facultad para decidir si cumplen los requisitos. Quienes tenían que haber revisado que cumplan los requisitos son quienes los designaron como sus delegados”, anotó Quintana.

Quintana espera que los comisionados cumplan con presentar requisitos legales como no tener impedimento para ejercer cargo público y la declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado.

Ello, porque de los seis miembros de la comisión calificadora que organizaron el concurso entre el 2018 y 2019, solo dos presentaron su declaración juramentada.

“Ojalá que todos, previamente a posesionarse en el cargo, presenten su declaración juramentada, porque participar en la elección de una autoridad del Estado es asumir una función pública”, añadió.

La comisión calificadora deberá nombrar a los tres jueces, de un total de 27 candidatos que postularán las mismas funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia.

Nota Original: El Universo – LINK