Mauricio Orellana, procesado por delincuencia organizada en el caso Las Torres, recibió nuevas medidas cautelares dictadas por el Tribunal de la Corte Nacional. Según su abogado, Lenin Solís, la revocatoria de prisión preventiva responde a que Orellana sólo habría ejercido los roles y competencias descritos en los manuales de la empresa Petroecuador.

Audiencia Corte Nacional de Justicia

En Notimundo Estelar, Lenin Solís, abogado del exgerente de Refinación de Petroecuador, Mauricio Orellana, manifestó su satisfacción de haber podido “desvanecer” los elementos usados en su contra. Según Solís, la Fiscalía General versa sus acusaciones en que Orellana habría aprobado el pago de facturas por 32 millones de dólares en conductas neutras, lo que significaría que el procesado sólo cumplía sus actividades.

 

Solís explicó que para la revocatoria de la medida de prisión preventiva, se sustentó en que Petroecuador manejaba una cadena de responsabilidad previa a que se realice cualquier pago. Además también alegó frente al Tribunal de la Corte Nacional, que pericias han demostrado que su defendió no sería parte de ninguna estructura delictiva, y que otros involucrados en el proceso ni lo mencionan en sus testimonios.

 

Después de la argumentación de la defensa de Mauricio Orellana, los jueces de la Corte Nacional derogaron el 2 de septiembre el auto de prisión para el ex funcionario de Petroecuador y ordenaron la presentación ante un  juez del caso los días lunes de cada semana, además, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. Solís indicó que la SNAI realizará en la Unidad de Flagrancia el lunes 6 de septiembre, un día antes de la fecha inicial para la audiencia preparatoria de juicio. Esta habría sido cambiada por pedido de los sujetos procesales dentro del caso Las Torres para el 21 de septiembre.

 

Sobre la próxima audiencia, Solís dijo “tenemos claramente que acreditar nuestra teoría del caso con la finalidad de que el juez valore las diligencias en instrucción fiscal y eso le lleve a tomar una decisión respecto a si se puede seguir el juicio en contra de uno o varios sujetos procesales”

 

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