La convocatoria se difundió la noche de este viernes, 10 de septiembre.
Justamente, Freddy Carrión fue notificado esta tarde en la cárcel 4 de Quito, con el informe final de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, que recomienda la interpelación en su contra.
La autoridad cumple la medida de prisión preventiva, investigado como presunto autor del delito de abuso sexual, desde el 17 de mayo.
Personal de la Secretaría General de la Asamblea acudió hasta la cárcel para notificarle con el expediente que se sustanció en la Comisión.
La acción penal y el juicio político se desprendieron después de que el 15 y 16 de mayo la autoridad se vio inmersa en un escándalo público cuando él acudió a una reunión en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí.
Esa reunión terminó con una riña entre Falconí y Carrión, en medio del estado de excepción por los efectos de la pandemia del COVID-19, que limitaba los encuentros sociales y el consumo de bebidas alcohólicas. De ese encuentro se desprendió la denuncia de la pareja del exministro de que había sido víctima de abuso sexual, supuestamente por parte del defensor.
Los interpelantes en este proceso son los asambleístas Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática), que lo cuestionan por incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria para ejercer como defensor del Pueblo.
La mesa legislativa concluyó que al revisar documentos y testimonios se corroboró que Carrión “incumplió las funciones propias de las cuales estaba investido para ser el representante de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ciudadanos”.
Ello se confirmó cuando “de las comparecencias aportadas por el propio defensor del Pueblo” los testigos no presenciales no pudieron justificar que esa reunión con Falconí haya sido en cumplimiento de sus funciones y para la que se hayan usado bienes públicos como el vehículo institucional y la seguridad asignada, que eran miembros de la Policía Nacional.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), ingresó el informe el pasado jueves en Gestión Documental, para que sea notificado a la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, quien a su vez lo distribuyó a los 137 legisladores para su análisis.
Con ello, este viernes, Llori resolvió convocar al pleno para tratar el informe el próximo martes, a las 08:00.
Ese día, los interpelantes tendrán dos horas para exponer sus alegatos de por qué Carrión debe ser enjuiciado políticamente.
Carrión tendrá otras tres horas para defenderse. Habrá réplica para las partes de una hora.
Para aprobar el juicio político se requieren 70 votos de los asambleístas; y de ser aprobado, Carrión sería censurado y destituido de sus funciones.
De lo contrario, el expediente será archivado y seguiría en funciones.
De contemplarse este escenario, el próximo 17 de septiembre concluiría el plazo de tres meses de ausencia temporal que contempla el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá resolver si designa a una autoridad encargada si Carrión no retorna a su despacho, ya que se encuentra preso.
El CPCCS analiza internamente si corresponde tomar esta resolución, pues la autoridad solicitó 30 días de vacaciones, que se contabilizaron entre el 17 de mayo y el 17 de junio.
Luego de ello, sumaron los 90 días adicionales de ausencia temporal, con lo que se configuraría la ausencia definitiva.
En el otro escenario, en el que la autoridad sea destituida y censurada por el Legislativo, el CPCCS deberá nombrar una persona encargada en la Defensoría, hasta elegir a un nuevo defensor del Pueblo, mediante un concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana.
En tanto, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó un habeas corpus que interpuso Carrión para salir de la cárcel; y para el próximo viernes está convocada la instalación de la audiencia de juzgamiento.
De ahí se desprenderá si un tribunal de la CNJ dispone acoger los argumentos de la Fiscalía de que el defensor es culpable del delito de abuso sexual o, de lo contrario, se lo declara inocente.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
