Como parte de una investigación previa abierta por Fiscalía en noviembre de 2020 contra el defensor público encargado, Ángel Torres, por hechos que podrían configurar el delito de tráfico de influencias, para el 9 de noviembre próximo la Fiscalía convoca a rendir versión a la exasambleísta Rosa Verdesoto, quien fue parte de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI).
El trámite está cargo de Diego Xavier Rosero, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General, y el denunciante es Carlos Coloma Murgueytio, como representante de una organización social.
La investigación previa es una fase preprocesal de carácter reservado en la que la Fiscalía investiga y define si existen elementos de convicción que hagan presumir la existencia de un delito; o si, por el contrario, el caso no tiene bases para ser llevado a una audiencia de formulación de cargos.
Paúl Ocaña, abogado de Coloma, explica que lo que se está investigando bajo el delito de tráfico de influencias es que en 2019 se presentó una acción de protección que buscaba que no sea remplazado en el cargo Torres y fue firmada por un abogado que, posteriormente, al seguir Torres en el cargo, fue designado como funcionario de la Defensoría Pública.
La razón de llamar a la exlegisladora Verdesoto a rendir versión, a las 15:00 del 9 de noviembre próximo, es para que hable libre y voluntariamente de lo que conoce sobre los hechos investigados.
Verdesoto, como asambleísta, habría sido quien presentó una medida cautelar contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio para evitar que el defensor público encargado, Torres, quien fue designado en 2018 en ese cargo por el CPCCS Transitorio en lugar de Ernesto Pazmiño, fuera remplazado por otro funcionario público encargado.
El CPCCS comenzó ya el concurso para escoger al defensor público titular. De momento, el proceso se encuentra en la integración de la Comisión Ciudadana que deberá elegir a la persona que remplazará definitivamente en el encargo a Torres.
Dentro de un impulso fiscal del 26 de octubre pasado, el fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien es el titular del caso, pide al Consejo de Participación que le entregue información relacionada a Torres, el concurso para defensor público al que él postuló y el trámite dado a la denuncia hecha en esa instancia por Carlos Coloma Murgueytio.
También se estaría pidiendo información a otras instancias públicas, como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
El delito de tráfico de influencias, definido en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala que los servidores públicos y las personas que actuando en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerzan influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros serán sancionados con pena de tres a cinco años de cárcel. (I)
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
