Un pacto entre Social Cristianos, Correístas y una facción de Pachakutik estaría buscando la desestabilización del Gobierno y la salida del presidente Guillermo Lasso, según lo denunció el Primer Mandatario a finales del año pasado. Lo mismo fue ratificado por Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, quien considera que Rafael Correa lidera la conspiración para retomar el poder de las instituciones de control.

Para los legisladores de estas bancadas, la acusación carece de sustento, pues concuerdan que lo que se busca es recuperar la institucionalidad del país y dar fin al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aseguran se ha convertido en un botín político para la designación de altas autoridades nacionales.

En Decisiones con Jorge Ortiz, Carlos Falquez, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC) señaló que uno de los grandes problemas en Ecuador son las especulaciones, y consideró que no es un delito que su bloque legislativo haya coincidido con los correístas para el inicio de un juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el marco de la designación del nuevo Contralor General del Estado.

A decir de Falquez, no existe ningún «pacto» con estos sectores, que en su momento se consideraron opositores, sino que se trata de un acuerdo para «purificar» la situación al interior del organismo. «Estamos de acuerdo que (el CPCCS) no es necesario, y si mañana el presidente Lasso considera que, constitucionalmente, se debe liquidar la institución, el PSC estará totalmente a favor de la decisión», manifestó.

Asimismo, Falquez defendió que en la Asamblea pueden darse consensos de distinta índole, siempre que estos vayan acorde a los intereses nacionales. Insistió en que el PSC jamás conspirará para tumbar al Gobierno de Lasso, y prueba de ello sería el manifiesto presentado por el bloque donde se reiteró el respeto a la democracia e institucionalidad del país.

Por su parte, Francisco Jiménez, asambleísta por CREO, refirió que no se estigmatizan los acuerdos, que obligatoriamente deben existir al interior del parlamento, sino la intención de los mismos, que en este caso buscarían apoderarse ilegítimamente de las instituciones estatales y generar inestabilidad política. El legislador oficialista señaló que los propósitos que se han evidenciado «a grandes rasgos» por parte de Unión por la Esperanza, el PSC y Pachakutik, es tomar el control ilegítimo de funciones que no les corresponden.

Pese a que considera que el Cpccs debe desaparecer por ser «un botín para administrar el Poder», no corresponde a los legisladores ni al Ejecutivo inmiscuirse en su actividad. De igual forma, expresó que entre las motivaciones que habrían llevado a la nueva alianza legislativa, está la próxima designación del Contralor General del Estado.

Jiménez indicó que existen varios elementos que confirmarían la teoría del presidente Lasso, sobre la existencia de una alianza entre Jaime Nebot, Leonidas Iza y Rafael correa para derrocar al Gobierno. Uno de ellos, dijo, es la intención de vincular al Primer Mandatario con el caso Pandora Papers, para buscar una causal de destitución, que finalmente no tuvo lugar. Sin embargo, “el tufo a inestabilidad política quedó presente», añadió.

De su lado, Santiago Basabe, analista político y catedrático universitario de la Flacso, comparte la visión de que la alianza mayoritaria del Legislativo busca poner al Contralor. Explicó que en los países corruptos, «como lo es el Ecuador», esta autoridad de control tiene más importancia que el titular de la Corte Nacional de Justicia o que ser Ministro de Estado, pues permite vigilar el uso de los recursos públicos y su manejo transparente, «algo que en el país no pasa desde hace 20 años».

Basabe explicó que el problema de fondo es que la gestión del próximo Contralor estará manchada de dudas y desconfianza, por las tensiones generadas al interior del Cpccs y la vinculación de la presidenta removida, Sofía Almeida, con el PSC y de Hernán Ulloa, presidente designado por la mayoría, con CREO.

Dada la condición pública de los acuerdos a los que han llegado las bancadas legislativas, Basabe comprometió al PSC, UNES, CREO y Pachakutik, a presentar un proyecto de ley para dar a conocer las propuestas que están a su alcance para desmantelar el Cpccs, dentro de sus competencias.

La base de estos problemas, según su criterio, radica en el Código de la Democracia, por lo que parte de los acuerdos de las bancadas en cuestión deberían ser las reformas a este cuerpo legal, para limitar la cantidad de partidos políticos y eliminar la «absurda» prohibición de reelección de legisladores por más de dos periodos consecutivos. De ahí la importancia de que los acuerdos políticos no vayan en contra de lo que se prometió a los electores.

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