El abogado penalista, Joffre Campaña, cuestionó la primera fundamentación del documento, ya que la Constitución se establece el derecho de los ecuatorianos a tener paz y a su vez, en el Decreto Ejecutivo, se perdona las penas a quienes hayan cometido delitos en contra de la propiedad. Esto, sin considerar si en el acto se cometió violencia, si la persona es una amenaza para la sociedad o si se encuentra rehabilitada. “Lo grave es que, cuando se perdona la pena a quienes hayan cometido robos, las únicas excepciones son cuando se causó muerte o lesiones permanentes”, manifestó.
Señaló que el Ejecutivo optó por lo más fácil, en lugar de considerar otras medidas para el mismo fin. “Parecería que el único objetivo que tienen es eliminar el hacinamiento carcelario”, criticó. Además, Campaña aseguró que se está obviando algunos temas importantes en la liberación de personas, principalmente, la rehabilitación. En su criterio, lo que se debería hacer, es tomar a los reos menos peligrosos y rehabilitarlos.
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