“No vamos a permitir que se dé otro octubre. Ahora se van a topar con un alcalde, Municipio, Policía y Fuerzas Armadas que van a defender a la ciudad de Quito”, subrayó la institución en su cuenta de Twitter en una publicación junto a un video en el que el alcalde, Santiago Guarderas, expresó que no permitirá que se destruya la ciudad y que habrá una especie de cerco para evitar desmanes.
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el objetivo de estas movilizaciones es propiciar un levantamiento indígena similar al de 1990, que se iniciará en los territorios y se ejecutará con medidas como el cierre de carreteras, concentraciones en las gobernaciones o manifestaciones en las calles.
Está previsto que se unan más de una docena de movimientos sociales, como el sector productor bananero de la provincia de El Oro, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine), Coordinadora Nacional Campesina (CNC), Frente Nacional Antiminero, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), entre otras.
El Gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Gobierno, pidió a los ciudadanos y a las agrupaciones expresar sus opiniones en el marco del orden público, al respeto a la Constitución y el Estado de derecho.
“El caos y la violencia detienen la reactivación económica, la democracia y la convivencia pacífica. La vía correcta es la de los consensos y el trabajo conjunto en el marco de una agenda nacional de un Gobierno de puertas abiertas democrático y comprometido con las necesidades del país… no escatimaremos esfuerzos para atender y mejorar la situación de todos quienes respeten la Ley y el ordenamiento jurídico”, apuntó.
Por su parte, la Conaie, que convocó a las movilizaciones, emitió un pronunciamiento en el que arremetió contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, por sus declaraciones, que consideran son “un anuncio de la represión que se alista contra la población civil durante la jornada de protestas”.
Carrillo criticó las movilizaciones y dijo que son una estrategia de victimización de los sectores populares contra el Gobierno nacional.
“La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. ¿Quién se beneficia de otra protesta sin límites?”, tuiteó.
La Conaie subrayó que “las recientes declaraciones de Carrillo evidencian el escenario y narrativa que intentan crear para confundir a la opinión pública y justificar la masacre”.
“Anuncian que habrá saqueos, secuestros, ¡acaso será que ya tienen sus grupos de choque infiltrados para generar caos, violencia y autoatentados como sucedió en 2019 contra la Contraloría General del Estado”, cuestionaron.
El grupo reiteró que responsabilizan al Gobierno y directamente a Carrillo de la violencia estatal, represión y vulneraciones de los derechos que se ejecutan en contra de la población que saldrá a manifestarse.
Recordaron que “Carrillo ya fue el brazo ejecutor y tiene las manos manchadas de sangre por la masacre de octubre de 2019, que dejó 11 asesinados y cientos de mutilados y que desde el año 2020 tiene una denuncia en su contra por delitos de lesa humanidad, al igual que el expresidente Lenín Moreno, la exministra María Paula Romo y el exministro Oswaldo Jarrín, quienes deberán rendir cuentas a la justicia.
La asambleísta de Pachakutik Patricia Sánchez se pronunció en Twitter con una fotografía de una cámara de seguridad que habría sido colocada en los últimos días cerca de la sede de la Conaie para vigilarlos y dijo que sobre Carrillo “caerá la justicia si vuelve a repetir la matanza de octubre de 2019″.
Sobre los diálogos con el Gobierno, el grupo manifestó que se han dado en tres ocasiones, 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021. Dicen que acudieron, pero que “fueron diálogo cerrados, donde recibieron mentiras, engaños y ataques permanentes.
Recordaron que la movilización social se activa exigiendo se cumpla una agenda de diez temas en materia económica y de derechos a la que “el Gobierno neoliberal responde con amenaza y represión”.
Esta agenda pide: la reducción y no más subida del precio de los combustibles; moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas; precios justos en los productos del campo; empleo y derechos laborales; no minería en territorios indígenas ni fuentes de agua; respeto a los 21 derechos colectivos; no privatización de los sectores estratégicos; políticas de control y especulación de precios; presupuesto urgente para salud y educación y generación de políticas públicas de seguridad y protección.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
