En NotiMundo A La Carta, Hernán Ulloa, titular del CPCCS, explicó que en este caso no existen dos sentencias y aseguró que la única reconocida es la emitida por la jueza de Samborondón quien decidió anular la resolución de designación del Superintendente de Bancos así como disponer al Presidente del CPCCS que solicite al Ejecutivo una nueva terna y continuar con el proceso.
Al País 🇪🇨 | Fueron revocadas las medidas cautelares e inadmitida la Acción de Protección en Yaguachi
Lo dije en @teleamazonasec
1. No es posible medidas cautelares sobre decisiones judiciales
2. El Juez no era el competente porque los hechos ya fueron resueltos en otra acción. pic.twitter.com/TaH4fgMOww— Hernan Ulloa 🇪🇨 (@HernanUlloa) August 8, 2022
Sobre la decisión del juez de Yaguachi, quien aprobó, el sábado 6 de agosto, medidas cautelares a favor de Raúl González y ordenó a la Asamblea que posesione a González como nuevo superintendente de Bancos, Ulloa manifestó que esta medida es inejecutable pues de dio con base en una sentencia en la que se declaró nulo el proceso de designación. “Hay un abuso del derecho; el juez no es competente para haber asumido el trámite de esa acción porque ya existía una”, dijo Ulloa.
Enfatizó que ningún juez puede emitir medidas cautelares sobre una decisión judicial, “en este caso, una sentencia constitucional, eso está prohibido por la ley”, recalcó. Además, informó que el presidente Guillermo Lasso ya envió una terna la cual está por ser remitida al equipo técnico que se encargará de revisar la documentación y determinar si los postulantes tienen algún tipo de impedimento o prohibición.
.@HernanUlloa: «Ningún juez puede emitir medidas cautelares sobre una decisión judicial, en este caso, una sentencia constitucional, eso está prohibido por la ley».
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— NotiMundo (@notimundoec) August 8, 2022
En este sentido, Ulloa detalló que la designación contempla tres partes. Primero, la revisión documental, luego la fase de impugnación y, en tercer lugar, la fase de sustentación del plan de trabajo que va a implementar la autoridad.
Para finalizar, Ulloa mencionó que, normalmente, la designación de una autoridad toma 20 días. No obstante, dependiendo de lo que suceda durante el proceso, por ejemplo, en la fase de impugnación, esto podría demorar hasta 35 días.
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