En NotiMundo Estelar, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, lamentó que el debate de la Asamblea, en la sesión del proceso de juicio político contra tres vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, se haya reducido al correísmo y anticorreísmo y agregó que, finalmente, la Asamblea terminó reconociendo que hubo el cometimiento de la infracción y razones suficientes para la censura, pues se registraron votos a favor y en abstención, pero ninguno en contra, ni siquiera de la bancada oficialista.
📢 Estamos #AlAire en #NotimundoEstelar con @ismaelquintanag, abogado constitucionalista, para hablar sobre la posible reconsideración de la votación para la censura y destitución a los vocales del @CJudicaturaEc.
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— NotiMundo (@notimundoec) September 3, 2022
“Ni si quiera el gobierno de Guillermo Lasso, a través de su bancada, se atrevió a votar en contra, es decir, nadie dijo que el CJ ha incumplido funciones, entonces el argumento es de conveniencia política”, mencionó Quintana y, asimismo, precisó que “es indiscutible” que al Gobierno le interesa sostener a estos funcionarios en la Judicatura.
Además, señaló que la destitución de estos vocales no iba a provocar la remoción de jueces de la Sala Penal y tampoco la revisión de condenas ejecutoriadas por corrupción como se aseguró desde varios sectores.
Para Quintana, el debate del pasado 1 de septiembre en el Legislativo, se redujo a acusaciones. “Me hubiese gustado escuchar que se discuta cuánto nos va a costar a los ciudadanos, la indemnización que ordenó la Corte Constitucional para reparar económicamente el daño provocado por inconstitucional, la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia”, apuntó. Esto, luego de que Juan José Morillo, durante su comparecencia, asegurara que al país le costaría USD 11 millones la remoción irregular de jueces en administraciones anteriores. “Eso es no tener sangre en la cara, ¿y las travesuras de Maldonado, Murillo, Morillo y Barreno cuánto nos va a costar?”, recalcó.
Según Quintana, si los audios filtrados, en los que se evidenciaría una supuesta injerencia del poder judicial en otras funciones del Estado, no le lleva al Parlamento a sancionar a los vocales y expresidenta del CJ, significaría que “no vivimos en un Estado de derecho y tenemos un poder judicial que se ha convertido en el botín político de los Gobiernos de turno”.
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