El trámite de la acción de protección, presentada por el asambleísta de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Washington Varela, por presunta vulneración de derechos en el juicio político en contra de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que fueron destituidos, fue aceptado por un juez de Garantías Penales.

Crédito: El Telégrafo.

La acción de protección, presentada por Varela, asegura que existió una vulneración de derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica en el procedimiento de censura de los cuatro vocales del Cpccs (Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo), desarrollado el 18 de noviembre en la sesión Nº 813, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. La audiencia de este recurso se realizará el 23 de noviembre en el Complejo Judicial del sur, en Quitumbe.

En Notimundo Estelar, Jorge Abedrabbo, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), aseguró que el Pleno del Legislativo ya tomó una decisión política en base a 85 votos facultativos (15 más de los necesarios) para la destitución de los vocales, por lo tanto, “no es sesgada” la acción de destitución porque la “intromisión de funciones” por parte de los consejeros es “demasiada clara” y el recurso presentado no cuenta con los argumentos suficientes para ejecutarse.

El asambleísta resaltó que, tanto el PSC como las demás bancadas, adoptaron esta resolución ante el incumplimiento de funciones de los vocales, pero esto no significa que los partidos estén al frente de una designación de autoridades tras la salida de los cuatro miembros del Cpccs, porque los suplentes ya fueron designados 4 años atrás por la ciudadanía. Abedrabbo insistió en que el juicio político “es un caso resuelto” porque el Pleno de la Asamblea cumplió con un proceso legal, y no hay órgano jurisdiccional que deslegitimice la actuación del Legislativo.

 

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