«Las disposiciones contempladas en este instrumento son de acatamiento obligatorio para las entidades, organismos, instituciones y demás actores que integran la comunidad educativa y que articulan el Sistema Nacional de Educación«, reza el segundo párrafo del primer artículo.
El cuerpo legal abarca temas como el sistema nacional de evaluación, la evaluación a estudiantes, tipos de evaluación, calificaciones, deshonestidad académica, conflictos escolares, responsabilidades de docentes, inasistencias, matrículas, procesos de formación docente, escalafón docente, entre otros.
Desde la Secretaría de Comunicación del Gobierno indicaron que «esta propuesta se establece en beneficio directo de estudiantes, docentes, instituciones educativas y demás actores de la comunidad educativa».
Entre lo que destacan está que se establece la «flexibilización y contextualización curricular para que las instituciones educativas puedan alinear y adaptar el currículo nacional de acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes, el entorno, espacios, tiempos, especificidades sociales y culturales de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación».
«También otorga mayor autonomía para que las instituciones educativas analicen las necesidades, problemáticas, intereses y necesidades a fin de implementar procesos educativos innovadores (…)», concluye el comunicado.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
