Una investigación periodística del portal GK reveló que un exorbitante contrato colectivo en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), le cuesta al Estado al menos 522 millones de dólares. Esto, luego de que, en 2022, la justicia ecuatoriana decidiera que muchos de los trabajadores de la empresa pública deben ser considerados parte del sindicato de la corporación.

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A partir de este fallo, el contrato colectivo pasó de cubrir a 4.150 trabajadores a 5.929. Es decir, 1779 nuevos beneficiarios. En Notimundo Estelar, Joaquín Ponce, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), reconoció que el convenio es un “documento inaplicable” con el que no solo pierde la institución sino el país.

Ponce aseguró que la gerencia y el Comité de Empresa se dieron cuenta que hay que racionalizar el contrato y que ese documento “inaplicable” no le hace bien a nadie. “Perdemos todos, pierde el país y hay que apuntar a un contrato que funcione”, dijo. Además, afirmó que se está generando una distorsión la cual lleva a preguntarse si “¿es viable o no le futuro de CNEL?”.

Asimismo, el presidente del directorio de EMCO precisó que, si se desnaturaliza la contratación colectiva y se entregan “beneficios irracionales o llenos de vicios procesales a todo el mundo”, entonces existe un problema.

Frente a este inconveniente, Ponce indicó que se debe evitar que lleguen este tipo de casos “con las cartas jugadas” y asegurarse que las defensas jurídicas sean en los mejores intereses del Estado. 

Medidas cautelares para equipo gerencia del Petroecuador

Por otra parte, Joaquín Ponce, presidente del directorio de EMCO, reveló que, a través de una acción de protección, un juez de Esmeraldas dispuso el embargo de las acciones que mantiene Petroecuador en una compañía de economía mixta (Austrogas) y medidas cautelares para el equipo gerencial.

Escucha la entrevista completa aquí: 

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