En NotiMundo A La Carta, María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias del Ecuador (CIP), explicó que la suspensión de la consulta ambiental, que daba paso a actividades económicas como la extracción minera, ha paralizado cerca de 200 proyectos de inversión pública y privada, y que bordean los USD 2 millones. Añadió que esta no es una discusión exclusiva de los sectores extractivistas, y que obras para salud, agricultura, educación, construcción de carretas, o gestión de desechos, están detenidas.

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inversion y empleo. Créditos: El Telégrafo

Este lunes 18 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia pública para analizar el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754, que daba paso a la consulta ambiental para ejecutar proyectos mineros, productivos y de obra pública.

Cerca de las 14:00, la jueza Alejandra Cárdenas clausuró la misma para que las partes legitimen sus intervenciones.

Mientras esto se lleva a cabo, de manera provisional, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto que otorgaba las licencias ambientales.

Para Jervis, esta suspensión afecta “a toda la actividad económica del país” al paralizar la construcción de hospitales o supermercados, e incluso la generación de empleo.

“Por ejemplo, si se pensaba contratar a 200 personas como obreros, esa contratación está suspendida. Cuestionamos que el debate se haya simplificado a una discusión entre mineros y anti mineros, se intenta confundir a la opinión pública, toda actividad económica está paralizada”, aseveró.

Añadió que los accionantes de la declaratoria de inconstitucionalidad “confunden” el derecho a la consulta ambiental, con la consulta previa que se realiza a las comunidades. “El Decreto no regula el derecho a la consulta previa, sino a la consulta ambiental”, declaró.

Por último, hizo un llamado a los sectores demandantes a pensar más en el Ecuador en su conjunto, que en defender el “metro cuadrado”.

Indicó el trabajo formal es la única manera en generar desarrollo, y que actualmente se ven afectados proyectos de salud, infraestructura, servicios turísticos, generación eléctrica, construcción de carreteras, tratamiento de agua, educación, gestión de desechos, entre otros.


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