La Fiscalía General del Estado advirtió que actuará ante cualquier intento de abuso del derecho por parte de los procesados en el caso Metástasis que busquen evitar que se cumpla la decisión del juez respecto a la prisión preventiva dictada a 16 personas entre ellas al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
El jueves 14 de diciembre, la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional ejecutó el operativo llamado Metástasis, realizó 75 allanamientos y se detuvo a 29 personas presuntamente involucradas en el delito de delincuencia organizada donde estarían inmersos jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados particulares para favorecer judicialmente a Leandro Norero, alias Patrón, y a sus familiares.
En esa acción judicial, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, involucró al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a quien el juez de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva, así como a otros quince sospechosos.
En la cuenta X, Wilman Terán, escribió que desde el viernes ha intentado presentar una acción constitucional de habeas corpus como garantía jurisdiccional, pero “no nos facilitan la presentación. La Corte Nacional debe garantizar la presentación de la acción y aplicar las reglas constitucionales para que se resuelva en los tiempos y sin dilaciones. Deben recordar que la CRE, en el Art. 86 Núm. 2, determina que serán hábiles todos los días y horas. Exigimos que se atienda”.
En un comunicado difundido el 16 de diciembre, la Fiscalía General del Estado señala que Metástasis es un caso sin precedentes en el que se investiga la corrupción sistemática en la Función Judicial. La venta de decisiones judiciales siempre ha sido un secreto a voces, es por ello que esta causa se convierte en una oportunidad necesaria para sentar un antecedente sin igual y encaminar al país rumbo a convertirse en un Estado más sólido y jurídicamente seguro.
La Fiscalía enfatiza que entre las principales motivaciones sobre las que se sustenta el presente caso están el abuso del derecho y la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, por lo que la institución estará vigilante ante intentos de replicar las mismas prácticas para entorpecer el debido proceso.
El artículo 23 de la ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales, añade el documento difundido por la red X (ante twitter), condena el abuso del derecho, así como las sentencias No.809-18-EP/23 y 3016-19-EP/23 de la Corte Constitucional, que veta del análisis del habeas corpus cuestiones como los elementos de convicción, que en este caso han sido producto de un arduo trabajo de los equipos de Fiscalía y Policía.
La Fiscalía General del Estado estará atenta a posibles delitos de acción pública determinados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como prevaricato, fraude procesal, cohecho, tráfico de influencias y otros que puedan replicarse en el sistema judicial, tal como ha sido el modus operandi de los ahora procesados en el caso Metástasis.
Garantizamos a la población la debida diligencia en este caso sin precedentes, que se presentará ante el juez competente en la Corte Nacional para que se vigile el cumplimiento del debido proceso y evite la impunidad.
Fuente: El Universo
