Durante la sesión ordinaria número 11 de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dada entre la mañana y el mediodía de este sábado, 6 de enero, los integrantes de la mesa legislativa conocieron la actuación de la prueba documental de cargos que mantiene el asambleísta Eckenner Recalde, proponente designado para continuar con el trámite de juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Esteban Bernal.
Una hora antes de esta reunión, en la sesión número 10 de la comisión, la mesa legislativa presidida por la correísta Pamela Aguirre aprobó el cronograma de actuación de la prueba documental y testimonial que se dará en este proceso de juicio político contra Bernal, a quien se lo acusa de ser responsable de una supuesta suspensión y retiro del Bono de Desarrollo Humano a grupos de atención prioritaria en la zona de Íntag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, durante los meses de agosto y septiembre de 2022.
Como parte del proceso se dio lectura a la solicitud de juicio político presentada en marzo de 2023 por el entonces legislador proponente Mario Ruiz, entonces asambleísta por la provincia de Imbabura. Ruiz planteaba un juicio político contra el exfuncionario de Guillermo Lasso por un supuesto incumplimiento de funciones. Al no estar ya en la Asamblea Ruiz, en su lugar fue designado, vía resolución, Recalde para que ejerza como interpelante en este proceso.
Como parte de actuación de la prueba documental, también se dio lectura a cada una de los quince memorandos, oficios e informes en los que se solicitó y entregó información relacionada con la suspensión y cesación del Bonos de Desarrollo Humano que recibían ciertas personas en la provincia de Imbabura.
Recalde incorporó además varios oficios solicitando pruebas de índole testimonial y visual para sustentar la teoría que maneja para el juicio político. Estos pedidos, se dijo desde la secretaría de la comisión, deberían ser tratados en el momento procesal oportuno.
En su momento la solicitud de juicio político del legislador proponente, es decir, Mario Ruiz, incluyó el pedido de que Bernal sea censurado y destituido.
Luego de casi dos horas de sesión, y sin que haya intervenciones de los integrantes de la comisión, que asistieron de forma presencial, la presidenta Aguirre la dio por terminada. Se anunció que mañana mismo se hará la convocatoria para continuar el lunes 8 de enero con el proceso de juicio político.
Según el cronograma aprobado, este lunes, en la tarde, se realizaría una sesión en la que se llevará a cabo la práctica de la prueba documental de descargo, es decir, la prueba documental que ha sido solicitada por Bernal, como exfuncionario cuestionado.
Para el miércoles 10 de enero próximo se prevé tener una jornada de sesión extensa, pues se evacuará la prueba testimonial, tanto de cargo como la de descargo. Posteriormente, una vez que se haya evacuado toda la prueba, se pasaría a la jornada del día domingo 14 de enero, día en el que, de conformidad con lo que prescribe el trámite de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se llevarían a cabo las comparecencias tanto del proponente designado, Eckenner Recalde, como del exfuncionario cuestionado, el exministro Esteban Bernal.
Con esa actividad se cerraría la etapa de actuación de prueba y se pasaría a la etapa de presentación, debate y presentación del informe correspondiente para aprobación de la mesa legislativa.
De su parte, el exministro Bernal, mediante un comunicado público, aseguró que se defenderá ante el “inusual” juicio político en su contra. Explicó que este juicio político “selectivo” se sustentrará con las pruebas de descargo que ya ha presentado en respuesta a dos acusaciones: el supuestamente haber retirado las transferencias monetarias (bonos) a quienes superaron el puntaje de la línea de pobreza, segpun el Registro Social; y por supuestamente no haber notificado a beneficiarios (3.000 por mes aproximadamente inhabilita el MIES) que fueron excluidos de los bonos, para que éstos tengan derecho a la defensa y un debdio proceso.
“Cabe recordar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social es un ejecutor de pagos de las transferencias monetarias (bonos y pensiones), a ciudadanos que se encuentran en situaciones de pobreza y pobreza extrema, bajo los índices y líneas de corte establecidos exclusivamente por el Registro Social, entidad autónoma adminstrativa y financiera; y adscrita a la Presidencia de la República, y no al MIES”, se refirió en el comunicado público.
