A mediados de marzo se prevé conocer la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respecto a la denuncia que impulsa el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por presunta infracción electoral.
Al burgomaestre lo acusan de promover la candidatura presidencial de Luisa González en los comicios anticipados de 2023.
Muñoz se ratificó en que la demanda es una “barbaridad jurídica” y que lo único que pretenden es ganar protagonismo, sobre todo por los argumentos expuestos en la audiencia.
🔊En #NotiMundoALaCarta, @pabelml, alcalde de #Quito, se refirió a la denuncia que impulsa en su contra @JuanEGuarderas por una presunta infracción electoral, y advirtió que se está gestando “una especie de influjo psíquico” para destituirlo.
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“Quieren argumentar que mi participación habría influido en la decisión de los votantes. Si mañana digo que voto sí o no en la consulta popular también debería ser destituido”, dijo Muñoz.
Asimismo, explicó que en los alegatos de Guarderas se dijo que, como en México es penado que una autoridad electa participe en un mismo evento público con un candidato, en Ecuador debería aplicarse lo mismo.
Aclaró, además, que él nunca utilizó recursos públicos para hacer proselitismo político, y que bajo ningún motivo se le puede quitar su adherencia a su partido político y la libertad de pensamiento.
Planes de movilidad para la capital
Dentro del plan de obras para 2024 se contempla una inversión de USD 800 millones, que representa el 52% del presupuesto.
Con esto se intervendrán 172 kilómetros en vía, 4.500 kilómetros en bacheo, se construirá la “Utopía de la Y” en la antigua estación norte del Trolebús, se intervendrán 544 parques, se compararán 50 trolebuses eléctricos, se inaugurarán más senderos seguros, entre otros proyectos.
🔊#EXCLUSIVA | El alcalde de Quito, @pabelml, detalló que más del 50% del presupuesto lo destinarán a proyectos viales. Aseguró que con el plan de obras, para 2024 incrementarán la intervención de 90, a 172 kilómetros.
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Añadió que, desde el sector privado, llegaron USD 100 millones para invertir en el sector comercial.
También se refirió al reclamo de los moradores del sector de Solanda, en el sur de Quito, quienes argumentan que por la construcción del Metro de Quito sus viviendas resultaron afectadas.
Explicó que, tras un informe de la Universidad Católica y de una segunda empresa, se notificó a la aseguradora que se iba a proceder con el trámite para indemnizar a las personas afectadas.
Sin embargo la empresa indicó, por segunda ocasión, que los estudios no son suficientes.
Por ahora el equipo jurídico del Metro de quito está estudiando el camino a seguir.
