El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional evaluará cada tres meses el estado de salud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien tiene suspendido un juicio político en su contra, debido a que presenta un embarazo de alto riesgo. La suspensión cuenta con un criterio vinculante de la Procuraduría del Estado.
La legisladora Gissela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), en su calidad de proponente del juicio político en contra de Salazar, pidió al CAL como máximo organismo administrativo de la Asamblea Nacional que realice un seguimiento sobre el tratamiento del juicio político, por cuanto está suspendido el proceso de interpelación tras una resolución de ese organismo aprobada el 17 de mayo de 2024, al acoger un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.
Garzón explicó que su preocupación es que no se vea mermada la capacidad de fiscalización, y como el criterio del procurador es vinculante, más adelante vendrá el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y “supongamos, esperemos que no, tenga una enfermedad catastrófica y el criterio del procurador abarca situaciones catastróficas, entonces, se podría ver mermada la capacidad de la Asamblea de fiscalizar”.
En función de esa preocupación, dijo la asambleísta Garzón, le consultó al CAL sobre cuál es el seguimiento que se dará a la resolución tomada por el organismo administrativo de la Asamblea. Esto porque el criterio del procurador no determina un tiempo, habla de una situación de riesgo, pero no dice dos o tres meses y menos de una evaluación. Este pedido se trató en el CAL, pero la sesión se declaró reservada.
La fiscal Salazar está acusada de incumplimiento de funciones al cometer una supuesta omisión en la investigación de crímenes de lesa humanidad en las protestas de octubre de 2019, por falta de investigación en el presunto delito de tráfico de influencias en Petroecuador o por la impunidad en el caso vacunas VIP.
También en el proceso constan las acusaciones de supuestas omisiones en la investigación de varios casos de corrupción como caso León de Troya, caso Encuentro, caso INA Papers o Sinohydro, entre otros. Son doce las acusaciones.
El pasado 8 de mayo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, envió a la Procuraduría General del Estado (PGE) dos consultas legales para aclarar si procede o no la suspensión de la sustanciación de un juicio político a una autoridad que enfrenta un embarazo de alto riesgo -dado que la fiscal presentó documentación de su delicada condición- y si también aplica en el caso de una persona con enfermedad catastrófica.
El procurador Juan Carlos Larrea envió la respuesta a Kronfle el jueves 16 de mayo, donde concluyó que el CAL y la Comisión de Fiscalización pueden “suspender la sustanciación y tratamiento del respectivo juicio político”, a fin de garantizar los derechos de la mujer interpelada que tenga un embarazo de alto riesgo, “para así tutelar la protección prioritaria a la salud integral de la madre y precautelar el interés superior del niño” y salvaguardar el derecho al debido proceso.
La suspensión procederá “en aquellos casos debidamente justificados, en los cuales una autoridad interpelada se encuentre en estado de gestación y sea diagnosticada con alto riesgo en el embarazo”, dice el oficio.
El procurador sustentó su respuesta en los artículos 12 y 29 de la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, así como en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De igual manera, se podrá suspender el juicio político a una persona diagnosticada con una enfermedad catastrófica y que se encuentre desahuciada.
En ambos casos, las suspensiones durarán hasta que las situaciones sean superadas tanto para mujeres con embarazo de alto riesgo como para personas con enfermedades catastróficas que se encuentren en etapa terminal y que atraviesen crisis específicas de extrema gravedad, que generen imposibilidad.
El legislador del PSC Jorge Acaiturri-Villa fue quien presentó, el 17 de mayo de 2024, la propuesta de suspender el inicio del juicio político basado en un pedido de la fiscal Salazar, de que “se garantice y respete” su derecho constitucional a tener un embarazo “en paz”, que le permita llegar a buen término, sin más estrés del que ya soporta a diario por sus funciones en la Fiscalía General del Estado.
La fiscal Salazar, un día antes, en sus redes sociales hizo un sorpresivo anuncio: está embarazada de su segundo hijo, y que esa condición “cambia las reglas del juego” de cara al juicio político en su contra, que se encamina en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Con cinco votos a favor, se acogió la moción de Acaiturri-Villa y se suspendió la sustanciación y tramitación de las solicitudes de juicio presentados en contra de Diana Salazar, por cuanto a la presente fecha y de conformidad con los documentos validados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se certifica el embarazo con alto riesgo, y la suspensión de dio paso para precautelar su salud integral y el interés superior del niño de acuerdo con la Constitución y los artículos 12 y 29 de la Ley del Derecho al Cuidado Humano.
En la petición hecha al CAL, este 9 de julio, la legisladora Gissela Garzón (RC) aclara que está dentro de su atribución y deber de fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir información que considere necesaria.
Garzón señaló que el pasado 30 de junio de 2024, el Consejo de Administración Legislativa ya indicó que no ha existido ningún cambio y se continúa ejecutando lo resuelto, así como lo señalado en el informe emitido por el Procurador.
Pero como proponente del juicio político, la legisladora de Pichincha solicitó que el CAL trate su pedido de seguimiento del proceso presentado en contra de Salazar.
