Dos asesinatos múltiples que cobraron la vida de diez personas en menos de una semana en la fronteriza ciudad de Ipiales, frente a Tulcán, tienen alarmados a las dos poblaciones, que exigen mayor seguridad y garantías para transitar entre los dos países.
La última masacre fue protagonizada por armados que llegaron en motocicletas el pasado sábado 30 de noviembre hasta la Casa de Aduanas, en el puente internacional de Rumichaca, donde abrieron fuego contra jóvenes que libaban en el lugar, asesinando a cinco y dejando heridos a dos.
Una semana antes, un hecho parecido en El Voladero, sector Los Chilcos, cerca al hospital Civil de Ipiales, terminó con la vida de cinco adultos que compartían momentos en un centro de diversión.
“Los asesinos llegaron también en motos, se bajaron y comenzaron a disparar con armas de largo alcance contra las víctimas”, informó uno de los testigos.
La ola de criminalidad que vive Ipiales desde al año anterior forzó a las autoridades de esa localidad a realizar un Consejo Departamental (Provincial) de Seguridad, en el que se comprometieron las autoridades nacionales a asignar $23 millones para fortalecer los sistemas de vigilancia y destinar más efectivos, indicó Benildo Estupiñán, secretario de Gobierno de Nariño.
Se estima que existen once organizaciones delictivas que vienen causando zozobra en esta urbe fronteriza, donde han sido ejecutadas más de 30 personas en el 2024, entre los que se incluyen cinco ecuatorianos que eran parte del grupo terrorista, como los denomina el Gobierno a Los Choneros.
Del lado colombiano se comenta que los ataques estarían siendo dirigidos hacia los integrantes del Tren de Aragua, organización criminal de Venezuela que opera en la frontera colombo-ecuatoriana. Eso está en investigación.
Los baleados tendrían un amplio prontuario judicial, estarían relacionados con casos de extorsión, algunos de ellos, inclusive provenían de familias conocidas de Ipiales, han manifestado las autoridades policiales, que descartan que se trate de una disputa de territorio.
Reservistas para controlar la frontera
Frente a los sucesos registrados, en el viaducto binacional de Rumichaca fue reforzado el pie de fuerza militar y policial en el lado ecuatoriano. El propósito es garantizar el orden público y la libre circulación por esta infraestructura que es transitada por más de 12.000 vehículos diariamente.
El Gobierno de los Estados Unidos semanas atrás hizo la entrega de modernos escáneres faciales, un sistema de videovigilancia con la respectiva sala espejo, que fue instalada en el Centro Binacional de Fronteras, ubicado en territorio ecuatoriano, en el sector limítrofe de Rumichaca para identificar y evitar el cometimiento de delitos.
No obstante, Cristian Unda, comandante del Batallón Mayor Galo Molina, asentado en Tulcán, ha anunciado que este fuerte militar fue reforzado con 130 reservistas activos, que son exconscriptos que realizaron el servicio militar obligatorio años atrás.
Este personal está siendo reentrenado, conoce de armas, estrategias, combate y entraría a reforzar las operaciones en el límite internacional, incluido Rumichaca. Unda explicó que al momento que tuvieron la información sobre las matanzas en Ipiales activaron los órganos de inteligencia.
“Tenemos entendido que podría tratarse de un ajuste de cuentas, pero con la policía estamos coordinando acciones y operaciones para estar alerta”, indicó el oficial.
Las reservas provienen de Esmeraldas, Quito, Guaranda, Carchi e Imbabura, que realizarán los patrullajes armados como cualquier soldado, y recibirán una remuneración del Estado, como que si fueran contratados.
Una reunión entre los mandos militares de ambas naciones posibilitó intercambiar información, insumo importante para elaborar los planes de operaciones militares en cada uno de los territorios, indican en Inteligencia Militar.
Hugo Arroyo, comandante de la Subzona de Policía Carchi, aclaró que los eventos violentos son en el vecino país de Colombia, no obstante, se han vigorizado las operaciones tanto en el puente de Rumichaca como en los pasos fronterizos, sin embargo, cree que los hechos ocurridos en Ipiales no tendrán mucha incidencia en territorio ecuatoriano.
Grupos policiales especiales de Control Fronterizo, Antinarcóticos y Migración están activados en los diferentes pasos informales no autorizados y carreteras para evitar cualquier inconveniente que ponga en riesgo la seguridad nacional.
Añadió que el fenómeno que se presentó en Ipiales podría tener relación con violencia criminal o delincuencia organizada, algo que no existe en esta parte de la frontera ecuatoriana (Carchi). Carchi es la segunda provincia en el país con menos violencia.
Diana Pozo, gobernadora de Carchi, reconoce que la situación es preocupante, sin embargo, advierte que Ecuador cuenta con una Constitución demasiado garantista, que permite el libre tránsito de ciudadanos extranjeros por todo el territorio nacional.
Vinicio Vivanco, comandante de la Brigada Andes, sostuvo que existirían 70 pasos informales, 20 que serían carrozables y peatonales en los 200 km de frontera en Carchi. En cambio que, entre los 50 están incluidos aquellos que permiten el paso entre las dos naciones por maderos tendidos sobre el río internacional Carchi-Guaitara.
Pozo refirió que en las parroquias fronterizas de El Chical, Maldonado, El Carmelo y Urbina estudian niños y adolescentes colombianos y venezolanos que utilizan diariamente esos viaductos no reconocidos por la cancillerías para trasladarse hacia las escuelas ecuatorianas, donde no se les puede negar el ingreso a la educación.
Fuente: El Universo – Nota original
