En la audiencia de formulación de cargos en contra de los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga y Yadira Saltos, y la actual consejera Nicole Bonifaz, el fiscal subrogante Wilson Toainga señaló este 15 de marzo a los cuatro ciudadanos como presuntos autores directos del delito de asociación ilícita contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.
Toainga avanza esta tarde con los elementos de convicción en contra de los imputados y manifestó que el CPCCS “se convirtió en la sede de un partido político” que tenía “el objetivo de captar los espacios de poder que fueran posibles”.
Mencionó que las acciones imputables se habrían cometido desde noviembre de 2024 hasta el 22 de enero de 2025 y que buscaban tomar espacios en instituciones del sector económico, judicial y de conversaciones y nexos con la Revolución Ciudadana, incluso con miras a dilatar procesos hasta que Luisa González, candidata presidencial de ese partido, gane las elecciones este 2025.
El fiscal explicó que se encontraron los elementos suficientes para sostener la acusación en los dispositivos electrónicos que le fueron decomisados a Verduga durante el allanamiento del pasado 24 de enero al CPCCS. En estos dice el fiscal que se encontró información de “planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para hacerse del control de la institucionalidad del Estado”.
Toainga manifestó que con los indicios recabados, se demuestra que el accionar de los cuatro imputados estuvo lejos de cumplir su rol constitucional y “que se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de varios tráficos de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación y simulación de funciones públicas” y que con esto buscaban garantizar su permanencia dentro del CPCSS ya que esta se encontraba en peligro por la denuncia por infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la denominada “liga azul” y que finalmente sí terminó con la destitución de los tres ahora exconsejeros: Verduga, Saltos y Franco Loor.
El fiscal aseveró que los tres exconsejeros “se articulaban en la búsqueda de una estrategia para dilatar la decisión de la justicia electoral, conseguir impunidad y mantenerse en sus cargos planificando la comisión de varios tráficos de influencias, oferta de tráfico de influencias e interposición de varias figuras jurídicas irregulares”.
En su dictamen acusatorio, Toainga habló de que los exconsejeros se reunieron con jueces electorales con miras a evitar su destitución.
Asimismo, se refirió a que buscaron interferir en las instituciones del sector económico al desconocer el nombramiento de Roberto Romero von Buchwald, actual superintendente de Bancos en ese cargo y en su lugar nombrar a Raúl González como titular del organismo para el periodo 2022-2027 y solicitar su posesión a la Asamblea Nacional.
Toainga habló de que este incumplimiento se debe a planes y coordinación entre los exconsejeros y la actual con integrantes del partido político Revolución Ciudadana y hacerse del control del ente financiero, el que calificó como un espacio clave para controlar el lavado de activos en el país.
El fiscal reveló que Verduga conversó con Raúl González en búsqueda de consolidar alguna estrategia y dijo que no era el único espacio pretendido ya que también a través de esta asociación a la interna del CPPCS buscaban interferir en el concurso de vocales del Consejo de la Judicatura a través de nexos con la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública.
“Este panorama fáctico se desprende de las conversaciones que el exconsejero Augusto Verduga Sánchez mantuvo conversaciones con miembros del CPPCS y del partido político en cuestión en dónde planifica retrasar el concurso del CJ en procura que sea el gobierno de Luisa (González) como lo mencionan textualmente, quien envíe la terna en caso de ganar las elecciones presidenciales”, subrayó-
En tanto, el delito por el que fueron señalados está en el artículo 370 del COIP y se establece como “Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
En el dictamen acusatorio, Toainga también señaló la acusación se hacía con base en el 278 del COIP, en concordancia con el artículo 42, numeral 1, literal a, del mismo cuerpo legal. Esta norma explica que responderán como autoría directa quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.
La audiencia se desarrolla en la sala de audiencias del octavo piso del edificio de la CNJ, en Quito.
Toainga avanza con los elementos de convicción en contra de los imputados.
A la diligencia se conectaron las defensas de los exconsejeros y de la actual y también vía telemática lo hizo Verduga, quien se conoce está en Colombia y también Eduardo Franco Loor quien permanece en una casa de salud de Guayaquil con custodia policial ya que se ordenó su detención para que participe en la audiencia de este sábado.
Franco Loor primero recibió una orden de retención que luego se elevó a detención, según indicó el juez a cargo, que fue dictada para que sí asista a la audiencia.
Franco Loor volvió al país el viernes 14 tras ser inadmitido en Estados Unidos la noche anterior. Tenía previsto volver a salir del país, presuntamente a Colombia, pero no lo pudo hacer debido al pedido.
Fuente: El Universo – Nota original
