«El Gobierno ganaría un gran líder», dijo Cardozo a periodistas sobre esa posibilidad, que ya ha sido condenada por líderes de la oposición.
Según algunos medios brasileños, como el diario O Globo, Lula ya aceptó asumir un cargo en el Gobierno de Rousseff, su ahijada política y a quien eligió personalmente como sucesora tras ocho años en el poder.
Las conjeturas sobre el nombramiento de Lula han surgido a medida que la severa crisis política que acorrala a Rousseff se ha agravado durante los últimos días, incluyendo las multitudinarias manifestaciones que el pasado domingo exigieron su destitución.
Lula, por su parte, enfrenta serios problemas que han llevado a la Fiscalía de Sao Paulo a solicitar su detención preventiva, sobre lo cual la Justicia aún no se ha pronunciado.
La Fiscalía de Sao Paulo considera que Lula debe ingresar en prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora implicada en un caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
En caso de incorporarse al Gobierno en calidad de ministro, Lula pasaría a tener foro privilegiado, con lo que todas las causas en su contra deberían pasar de la Justicia común al Tribunal Supremo.
El Gobierno no ha confirmado que la decisión haya sido tomada, pero sí que es una posibilidad que Rousseff baraja.
El ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, reconoció que Lula ha sido sondeado y valoró que su presencia reforzaría la «capacidad de articulación política» y de diálogo del Gobierno con el Congreso, que se apresta a retomar el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff.
La oposición ha reaccionado y anunciado que, de confirmarse el nombramiento, podría acudir a los tribunales para intentar impedirlo, con el argumento de que Lula estará intentando escapar de la Justicia o por lo menos darle largas a los procesos en su contra.
Según Silvio Torres, secretario general del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, (PSDB), otro objetivo sería «intentar frenar el trámite para el juicio político» contra Rousseff, que comenzó el año pasado en el Congreso y fue suspendido temporalmente por la Corte Suprema, pero que puede ser retomado esta misma semana.
El opositor partido Demócratas (DEM) también reaccionó y, según el jefe del grupo de esa formación en la Cámara Baja, Pauderney Avelino, si se confirmara el nombramiento supondría «una burla, un escarnio, porque el único objetivo sería ayudarlo a escapar de la Justicia».
El diputado opositor también recordó que en las multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno que se realizaron este domingo, la «sociedad pidió la destitución de Rousseff, pero también que Lula sea juzgado».
Esas protestas han sido consideradas las más concurridas de la historia política brasileña y, según la policía, movilizaron al menos a 3,6 millones de personas en cientos de ciudades de todo el país.
