«La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de las magistradas y magistrados que la integran, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 2.270 del 11 de marzo de 2016», dice la decisión de la corte al referirse a la solicitud de la prórroga después de que estuviera en vigencia por dos meses.
De acuerdo con la decisión, publicada en la página web del TSJ, el decreto presentado por Maduro en enero pasado cuando también fue negado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y revalidado por el Supremo, «atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica».
La Sala Constitucional reiteró en el fallo que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, es al Supremo a quien le corresponde «garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios fundamentales, en su condición de máxima y última intérprete de la Carta Magna».
Así, en consecuencia, «sus decisiones sobre dichas normas y principios son estrictamente vinculantes en función de asegurar la protección y efectiva vigencia de la Carta Fundamental».
Ayer, al negar la prórroga del decreto de emergencia económica, el diputado opositor y economista José Guerra dijo que ni en los últimos 60 días, ni durante todo el año 2015 cuando el jefe de Estado gozó de poderes especiales para legislar, el Gobierno ha adoptado alguna medida que procure resolver la crisis económica.
Además, aseguró que «el Gobierno trata de resolver su crisis, fiscal principalmente, agravando la crisis del pueblo venezolano».
Maduro reaccionó horas después a la decisión de la AN y tras lamentar la negativa de respaldo del Parlamento recordó que el Supremo ya le dio vigencia al decreto cuando fue negado por la Cámara en enero pasado.
El decreto, que es un tipo de estado de excepción que rige en materia económica, permite al Ejecutivo, entre otras acciones, disponer de recursos sin control de la AN, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda.
En enero pasado, cuando el Supremo validó el decreto que ya había sido negado por la AN, la bancada opositora del Parlamento calificó el hecho como un golpe al Legislativo y acusó al Poder Judicial de trabajar a favor del Gobierno.
