Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 no fueron informados por la fiscalía mexicana del resultado del nuevo peritaje realizado en el basurero de Cocula antes de que se diera a conocer públicamente, lamentó hoy su abogado, Vidulfo Rosales.
En declaraciones a Efe, Rosales consideró «irresponsable» fijar una postura sobre un «tema sumamente delicado» sin hacer un análisis «exhaustivo y minucioso del dictamen» elaborado por seis expertos y divulgado hoy en la capital mexicana tras seis semanas de estudios.
Estimó que el lunes próximo estarán en condiciones de «revisar el expediente» para emitir una posición sobre el peritaje, según el cual hay «evidencia suficiente» de que sí existió «un evento de fuego controlado de grandes dimensiones» en el basurero y de que allí fueron incinerados al menos 17 cuerpos.
El grupo dijo, además, que puede establecer a través de «una prueba a gran escala» si hubo «una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos», por lo que acordó realizar más estudios las próximas semanas.
Rosales lamentó que la fiscalía anunciara públicamente el resultado del peritaje, que es de un «gran impacto» para los padres de las víctimas, «vulnerando» el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de informarles previamente en caso de tener datos sensibles en torno al caso.
«Volvemos al principio, cuando no se estuvieron respetando los acuerdos, no se estuvo respetando el dolor que a las víctimas les genera este tipo de información», apuntó.
«Nosotros no supimos nada», insistió el letrado, quien comentó que los familiares se enteraron de que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) recibió la noche del jueves un sobre cerrado con el resultado del nuevo peritaje por un comunicado emitido por esa institución.
Dicho sobre fue abierto hoy en una reunión a la que asistió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudia el caso desde marzo de 2015, tras la cual un portavoz de grupo que hizo el nuevo peritaje leyó sus conclusiones en un mensaje a los medios de comunicación convocado por la PGR.
Rosales dijo que el GIEI va a «estudiar el dictamen» porque hay cosas que «un poco no cuadran con los que ellos tienen».
«Esa es la información que tenemos del grupo de expertos», añadió.
Según la versión oficial, rebatida por los familiares de los desaparecidos, los estudiantes fueron entregados por policías la noche del 26 de septiembre de 2014 a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el vertedero.
