La primera audiencia se efectuará el 25 y 26 de abril por el caso llamado «Pollo Rivera contra Perú», el cual se refiere a la presunta detención ilegal y arbitraria de Luis Williams Pollo Rivera, acusado de terrorismo en 1992, indicó la Corte en un comunicado.
El 28 y 29 de abril, los jueces llevarán a cabo la audiencia por una supuesta serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, trabajos forzosos y violaciones sexuales en contra de los miembros indígenas Maya de la Aldea de Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal (Guatemala), entre los años 1981 y 1986.
Esto habría ocurrido en el marco de los operativos por parte del Ejército durante el conflicto armado interno en Guatemala.
La demanda alega también que los sobrevivientes fueron víctimas de desplazamiento forzado y de violaciones al derecho a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la propiedad y a los derechos políticos.
Además, la demanda afirma que los hechos «constituyen parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala» y que los hechos del caso se encuentran en absoluta impunidad.
El 29 de abril, la CorteIDH verá el tercer caso de este periodo de sesiones, el cual se refiere a la muerte violenta del agente de policía Luis Jorge Valencia Hinojosa y la presunta falta de investigación de las autoridades de Ecuador.
La demanda indica que el Estado no habría desplegado los esfuerzos necesarios para esclarecer si se trató de un suicidio, como alegaron funcionarios policiales, o si se trató de una ejecución extrajudicial.
El 2 de mayo la CorteIDH efectuará la audiencia por el caso I.V. contra Bolivia, que tiene que ver con la práctica de un procedimiento médico sin el consentimiento de una mujer identificada solo como I.V.
La demanda contra el Estado señala que la intervención quirúrgica consistió en una ligadura de trompas de falopio, la cual habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin el consentimiento informado de la señora I.V.
La mujer sufrió la pérdida permanente y forzada de su función reproductora y según la demanda, esto se constituye en una violación a la integridad física y psicológica, así como a sus derechos a vivir libre de violencia y discriminación, de acceso a la información y a la vida privada y familiar.
Durante el periodo de sesiones la Corte Interamericana llevará a cabo otras funciones como audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias, el análisis de casos para dictar sentencia y revisiones de asuntos administrativos.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados.
