Uno de los principales cambios que comentó el presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Virgilio Hernández, tiene que ver con el monto de dinero en efectivo que puede sacar un ciudadano sin pagar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Dijo que la cifra de tres Salarios Básicos Unificados (SBU), equivalentes a 1098 dólares, se fijó en consideración de que el 1 % de los ecuatorianos tienen ingresos superiores a ese valor. Indicó además, que la Comisión ha incorporado el hecho de que se pueda establecer un SBU adicional por cada menor que acompañe a un adulto. A esto se suma, dijo, la exención del ISD a los consumos con tarjeta de crédito hasta por 5 000 dólares anuales. Esto, para mantener los dólares en el país y que no haga falta importar los billetes fijos, que son un gasto adicional para el Estado y terminan pagando todos los ecuatorianos, señaló.
Por otra parte, el asambleísta de Alianza País lamentó que la discusión no superara la retórica por parte de la oposición y que no presentaran propuestas concretas sino solo críticas. No obstante, dijo que esperarán a recibir las observaciones por escrito para ver si surge algún planteamiento alternativo. Hernández aseguró que ese es el principal problema de la oposición en el país, además de una amnesia respecto de lo que hacían Gobiernos anteriores y el desconocimiento del esfuerzo del actual para que el peso de la salida a la crisis económica no recaiga sobre el pueblo.
Con respecto a las preocupaciones que han expresado diversos sectores entorno al dinero electrónico, el asambleísta calificó de “fatal” el que se quiera desvirtuar un mecanismo porque no lo maneje la banca privada. Reiteró que esta alternativa de pago está respaldada y protegida por las normativas del país y que su uso ayuda a potenciar la velocidad con la que se mueve el dinero y, por ende, al dinamismo de la economía. Sin embargo, rescató que ya existe un acercamiento entre las autoridades y la banca privada para buscar una posible articulación público-privada, porque consideran que tampoco dejarlo en manos de los bancos garantiza un manejo adecuado, haciendo alusión al feriado bancario de 1999.
Sobre la reducción en los beneficios para la importación de autos por parte de personas con discapacidad, Hernández indicó que se ha comprobado un abuso por parte de otras personas para, aprovechándose de estas exoneraciones, importar vehículos de alta gama y que no se utilizan para el bienestar de ciudadanos con necesidades especiales.
