Esta vez, la mandataria convocó a los corresponsales extranjeros, ante los que reiteró sus argumentos contra el proceso e insistió en presentarse como víctima de una «conspiración» que persigue «acabar» con los programas sociales aplicados durante su gestión.
«Hicimos un ajuste fiscal muy fuerte», explicó en alusión a las medidas adoptadas para enfrentar la crisis de la economía nacional, pero subrayó que la austeridad adoptada por el Gobierno «preservó todos los programas sociales» y evitó apretar a los más pobres.
«Fue una decisión difícil, pero fruto de una convicción», apuntó Rousseff, quien se dijo convencida de que si el «golpe» se impone, los programas sociales serán suprimidos.
En los últimos días, fuentes cercanas al vicepresidente Michel Temer, enemistado con la mandataria y quien asumiría la Presidencia si Rousseff fuera destituida, han dicho que los programas sociales son una «conquista» de los brasileños y «siempre» serán mantenidos.
«Yo creo que los golpistas están vendiendo terrenos en la Luna», declaró la presidenta sobre esas versiones, al tiempo que insistió en alertar sobre los riesgos que entraña para la democracia el proceso en su contra.
«Necesitamos entender que ese proceso no va a traer estabilidad política al país, porque rompe la base de la democracia» y «sin democracia» no se podrá «impulsar el crecimiento económico», dijo.
Rousseff volvió a negar las acusaciones formuladas contra ella, que se refieren a maniobras fiscales irregulares para maquillar los resultados del Gobierno en los años 2014 y 2015, y sostuvo que se trata de prácticas contables incluso usadas por otros Gobiernos.
«No hay dolo, no hay dinero desviado, no hay corrupción», dijo una y otra vez la presidenta, quien llegó a afirmar que en todo el proceso en su contra hay un «componente fuerte» de machismo.
«Han dicho que estoy nerviosa, histérica, desequilibrada y hasta han insinuado que soy autista», manifestó Rousseff, quien aseguró que «esto no pasaría si el presidente fuera un hombre».
Pese a las declaraciones de Rousseff, el trámite para un eventual juicio político continuó el camino constitucional y llegó al Senado, después de que este domingo fuera aprobado en la Cámara de Diputados por una clara mayoría de 367 votos frente a 137.
El trámite comenzó hoy con la lectura de un informe remitido por la Cámara baja, lo que abrió un período de 48 horas para que los partidos representados en el Senado designen a los 21 miembros de una comisión especial que analizará las denuncias.
Esa comisión, que puede ser instalada el próximo 26 de abril, debatirá el asunto durante diez sesiones y también elaborará un informe que será discutido por el pleno del Senado.
«Si los partidos designan a los miembros de la comisión antes de que pasen esas 48 horas, la instalación podría adelantarse», dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, pero aclaró que algunas formaciones han manifestado que usarán ese plazo.
Si el pleno de la Cámara alta respalda la apertura del juicio político, Rousseff será separada del cargo mientras dure el proceso y será reemplazada por el vicepresidente Temer durante los 180 días que puede durar el trámite.
En caso de que la destitución fuera confirmada por el Senado, Temer, que ha roto toda relación con Rousseff, completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
Temer se ha recluido en su domicilio particular de Sao Paulo, en el que ha recibido a numerosos políticos y economistas, lo que ha sido interpretado como un primer paso de cara a conformar su eventual equipo de Gobierno.
En la puerta de su casa, el vicepresidente dio hoy unas breves declaraciones a periodistas y aseguró que esperará «de forma muy silenciosa y respetuosa» la decisión del Parlamento.
«El Senado da la última palabra sobre la materia y, por tanto, sería inadecuado que dijese cualquier cosa antes», declaró.
