Durante estos años, agregó el funcionario, “el Gobierno creó las condiciones idóneas en este sector estratégico para atraer inversión extranjera al país al tiempo que realizó las reformas legales y tributarias para desarrollar el sector”.
Con la Ley anterior, puntualizó Córdova, se otorgaban concesiones mineras de manera directa sin requisitos y sin estudios. Con la nueva Ley de Minería, el proceso de otorgamiento de concesiones mineras cambió; ahora se lo realiza a través de un proceso competitivo y transparente, enmarcado en los planes de Desarrollo Minero y del Buen Vivir.
La Ley de Minería establece la obligatoriedad de obtener los respectivos permisos ambientales y de agua, previo al inicio de cualquier actividad minera; así como la socialización con la comunidad de las actividades a ejecutarse. Además evita que existan procesos especulativos a través de requisitos como montos mínimos de inversión.
La apertura del catastro minero abre la posibilidad para impulsar la exploración geológica-minera del territorio nacional, así como el desarrollo nuevos proyectos en el Ecuador.
“Como Estado definiremos la mejor oferta para el país. La decisión política del Gobierno del Presidente Rafael Correa, de establecer reglas claras en lo referente a la carga impositiva aplicable al negocio minero, permitirá beneficios para el Estado en impuestos, regalías, fuentes de empleo, encadenamientos productivos, transferencia de conocimiento, etc. Todo esto en el marco de una minería responsable que genera desarrollo en las comunidades aledañas a los proyectos”, enfatizó el ministro.
Finalmente, Córdova manifestó que la minería es una industria de futuro. El país espera una inversión de 8.000 millones de dólares hasta el año 2023, lo que representará 4 mil millones de dólares anuales en exportaciones y más de 800 millones de dólares anuales en beneficios directos para el Estado.
