El Gobierno mexicano cedió a la presión y accedió a entablar un diálogo de alto nivel con los maestros disidentes luego de la violencia del fin de semana pasado en el sureño estado de Oaxaca.
La Secretaría de Gobernación señaló que esa reunión con los maestros busca «soluciones que permitan el regreso de la tranquilidad a las regiones del país», afectadas por las manifestaciones contra la reforma educativa de 2013, y para «escuchar los planteamientos y razonamientos de dicha organización».
Sin embargo, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, explicó en una rueda de prensa que el diálogo será únicamente «en materia política» y que no se abordarán temas relacionados con la educación porque «la reforma educativa es un proceso que continúa y no se va a detener».
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva semanas pidiendo la apertura de un diálogo con el Gobierno, el cual había dicho que sólo se sentaría a la mesa cuando la agrupación gremial aceptara la reforma y siempre que el objetivo fuera «explorar mecanismos para acelerar» su aplicación.
Ese anuncio del Gobierno y la detención de dos de los principales líderes de la CNTE en Oaxaca hizo que en los últimos días las protestas se intensifiquen llegando a enfrentamientos entre policías y maestros que dejó, según fuentes oficiales, al menos ocho muertos en el municipio de Asunción Nochixtlán. Mientras que, la cadena Rusia Today (RT) reporta 13 muertos, 25 desaparecidos y decenas de heridos, luego del brutal desalojo.
Los maestros calificaron a la reacción de la fuerza pública como una «masacre», y las marchas, a más de pedir la derogación de la reforma educativa y la liberación de sus dos principales líderes, también exigen el «castigo a los culpables» y la aparición con vida de las personas que reporta como desaparecidas.
En este sentido, las autoridades de México iniciaron una investigación para determinar si la policía que participó en la contención de las manifestaciones es responsable de alguna de esas muertes reportadas durante el desalojo a maestros y simpatizantes que bloqueaban carreteras en protesta por una reforma educativa.
El gobierno manifestó que sus fuerzas de seguridad acudieron a ese operativo desarmados, pero después recurrieron a sus armas ante el acecho posterior de unas 2 000 personas «radicales», algunas armadas. «Se habrá de hacer una investigación» que determine si «la población civil tenía armas (…) si fue adecuado o no el uso de armas de parte de las policías estatal y federal, quién lo hizo, quién lo ordenó», dijo el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, quien calificó de «grave» la violencia registrada el domingo.
La fiscalía de Oaxaca «está construyendo todas y cada una de las líneas de investigación» y no se va «a descartar nada», dijo el titular de esa institución, Joaquín Carrillo tras elevar el número de muertos.
