Al director de Justicia Vial, Guillermo Abad, no le sorprende que el gremio de transportistas obtenga la atención del Gobierno y considera que no está mal que se cumplan los compromisos adquiridos. Lo que cuestiona es que se lo haga “subordinando la Ley”, pues va “en desmedro de la seguridad de los usuarios”.
Según explicó, hasta el momento no se ha cumplido con la reversión de frecuencias, un mecanismo que obligaría a las cooperativas a mejorar el servicio para obtener las rutas y frecuencias. Tampoco se ha revocado el permiso de las operadoras negligentes, lo que se ha hecho es suspenderles. Y con respecto a las compensaciones por medio pasaje de estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad, Abad coincide en que no deben asumir ese valor los transportistas pero se debe controlar que estén brindando el servicio a estos usuarios y que sea un servicio adecuado.
Finalmente, dijo que en los contratos de operación que se están entregando no consta la garantía de calidad del servicio, como lo exige la Ley de Tránsito. Por ello considera que el Gobierno se ha preocupado más de velar por la economía de los transportistas que por el bienestar de los usuarios y aseguró que los transportistas saben bien el momento en que deben presionar.
