Mariano Rajoy comenzó ayer a hacer sumas y restas con los apoyos que logrará para su investidura como presidente del gobierno español. Su obligada ronda de contactos con todas las fuerzas parlamentarias inició con la minoritaria Coalición Canaria y con ello el líder del Partido Popular (PP) reconoció que tendrá problemas para alcanzar los 176 votos de la mayoría absoluta. Con la negativa expresa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a facilitar su proclamación y las dudas de Ciudadanos aún sin despejar, Rajoy mostró ayer su lado más pragmático al exponer durante su conversación con el representante canario que sondea la posibilidad de gobernar en minoría. Es la primera vez desde que ganó las elecciones que el candidato conservador reconoce públicamente que ya no aspira a presidir un ejecutivo de coalición con los socialistas.
Pero espera que Pedro Sánchez levante su veto a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el PP. El encuentro entre los líderes de las dos principales fuerzas políticas españolas se producirá tras la celebración del Comité federal de los socialistas previsto para el sábado y en el que decidirán su posición definitiva ante los deseos presidenciales de Rajoy. Fuentes próximas al PSOE indicaban ayer que lo más probable es que la dirección socialista opte por preparar una oposición rocosa al PP dentro del Congreso liberando así a Pedro Sánchez para que planifique con tranquilidad el 39º Congreso Federal, el órgano que elige la dirección, previsto para antes de fin de año y que podría desembocar en la refundación del partido.
Esta permanente situación de disputas internas que asolan a los socialistas desde hace algún tiempo descarta cualquier opción que no sea la negativa en la votación de investidura de Rajoy. Aunque sorpresas más increíbles han sucedido en la política española. A última hora de ayer, uno de los líderes regionales socialistas declaró que no descartaba “la abstención de nuestros 85 parlamentarios en la segunda votación”, lo que serviría a Rajoy para ser investido presidente. El PP insiste en que no hay mucho tiempo. El motivo esgrimido para cerrar cualquier tipo de acuerdo se encuentra en la presión asfixiante que la UE ha comenzado a ejercer sobre España por culpa de su reiterado incumplimiento del déficit y aún más cuando Alemania ha pedido una sanción “que sirva de ejemplo” al resto de países.
La fórmula de Rajoy es cerrar el techo de gasto de las administraciones públicas antes de elaborar los presupuestos para 2017 pero para ello es necesario que el Congreso apruebe su investidura. La segunda de las puertas a las que llamará el partido conservador es la de los nacionalistas vascos. Con 5 representantes, el PNV no es un apoyo que garantiza nada al PP pero en la calculadora mental de los negociadores serían 5 votos que se suman a los 32 de Ciudadanos y al único de los canarios. De cumplirse esta operación, Rajoy llegaría a los 175 sufragios, quedándose a uno solo de la mayoría absoluta. Su problema es que nadie se lo pone fácil. El PNV anunció el lunes sus condiciones para entrar en esa alianza y chocan frontalmente con los postulados defendidos tanto por el PP como por Ciudadanos a lo largo de la campaña electoral. “Acercamiento a cárceles de Euskadi de los presos de ETA dispersos por la península ibérica y transferir al gobierno vasco las materias aún pendientes”, señaló el presidente regional, Íñigo Urkullu.
Si Rajoy accediera a la primera parte de la oferta de los nacionalistas, la que hace referencia a los militantes de ETA encarcelados, algo muy poco probable, los 32 diputados de la formación de Albert Rivera retirarían su apoyo. El obstáculo para enmascarar este pacto entre populares y nacionalistas vascos se encuentra en las inminentes elecciones autonómicas en Euskadi, donde el PNV gobierna en minoría, el PP es una fuerza insignificante y Unidos Podemos llega como un torbellino, como demostró el triunfo logrado en este territorio en las últimas elecciones. “En esta situación no creo que los nacionalistas vascos vayan a arriesgarse apoyando a Rajoy.
Sería mal visto en Euskadi”, aseguraba a este diario un exdiputado del PNV. Lo que parece indiscutible es que el PP se prepara para ceder o derogar algunas de las leyes más polémicas aprobadas en exclusiva por la derecha en sus últimos 4 años al frente del gobierno de España. Se trata de la reforma laboral y algunos aspectos de la ley de educación, una de las más conservadoras de Europa, y que tuvo el honor de haber sido la única norma que unió al resto de fuerzas parlamentarias, desde independentistas de izquierda a ultraliberales antisoberanistas, para anularla. “Rajoy cree que puede dejarla en suspenso, que es posible hacerlo, pero no sé hasta dónde puede llegar”, concluyó el canario Barragán, quien hasta ahora ha sido el único diputado en intercambiar opiniones con el candidato a presidente de España.
