El proceso tras la solicitud de declaración de insolvencia implica, como efecto, la pérdida de derechos políticos, además de la afectación de los derechos humanos fundamentales de los demandados, dijo Alarcón. Por ello, Alarcón comentó que, a pesar de realizarse el pago de la indemnización correspondiente, la violación de derechos ya ha sido cometida por lo que el trámite de la causa contra el Estado ecuatoriano seguiría con normalidad. Alarcón opinó que la demanda no es política sino personal.
Debido a que el Gobierno no ha respetado las medidas cautelares emitidas por la CIDH, se demuestra, según Alarcón, la poca voluntad por respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos y libertades fundamentales.
Las medidas cautelares solicitaban la suspensión de los efectos de la sentencia de enero de 2014 en contra de Villavicencio y Jiménez por injurias al Presidente de la República Rafael Correa, con 18 meses de prisión, respectivamente, y además a un pago por 145 000 dólares.
