«Tengo una primicia para ustedes, Aranguren vendió las acciones», anunció Macri en un contacto informal con la prensa en el marco del Foro de Inversión y Negocios que se celebra hasta el jueves en Buenos Aires.
Aranguren tenía 16 millones de acciones de la compañía anglo holandesa y había sido denunciado judicialmente por incompatibilidad entre su función pública y la propiedad de esos títulos. «Entiendo que el mundo de hoy se mide con señales», dijo el mandatario.
La Oficina Anticorrupción (OA) le había recomendado al ministro el lunes la venta de ese paquete accionario o la constitución de un fideicomiso ciego de administración para evitar suspicacias. «Lo hizo por decisión propia, aunque las acciones que tenía no presentaban una posición relevante ni movían el valor de las acciones a nivel mundial», sostuvo Macri.
El ministro confirmó la venta en un comunicado en el que destacó que concretó «la venta de la totalidad de las acciones de la empresa Royal Dutch Shell Plc. de las que era titular, en los mercados bursátiles en las que cotizan» en presencia de escribano. Aranguren destacó que la operación se hizo «no obstante la ausencia de una incompatibilidad legal con el ejercicio del cargo» como ministro.
Tras la recomendación de la OA, el gobierno ordenó por decreto que Aranguren se excusara de participar en decisiones que estuvieran «particularmente relacionadas con la empresa» Shell, en un intento por acallar críticas. Su patrimonio accionario en Shell ya había sido denunciado desde que Macri lo nombró al frente del ministerio de Energía en diciembre pasado.
El ministro fue CEO de Shell hasta junio de 2015. Cuando se presentaron denuncias en su contra argumentó que no consideraba que hubiera incompatibilidad. Aranguren también estuvo en el ojo de la tormenta por la aplicación de un nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas con alzas de entre 200% y 2000% que fueron frenados por la Corte Suprema. También fue objetado por la justicia el aumento de las tarifas de electricidad de magnitud similar.
El tribunal ordenó al gobierno celebrar audiencias públicas con las empresas prestatarias y la participación de consumidores tal como lo establece la ley, lo que ocurrirá el viernes próximo.
