Por ello expresó que según las investigaciones se determinó que esta estructura “generaba arbitrariamente la necesidad de un pase”. Ellos trasladaban la plaza de trabajo de un miembro policial, pero al mismo tiempo le daban la opción de quedarse en el actual puesto si pagaba el monto solicitado.
En cuanto a las acusaciones emitidas por la esposa del excomandante de la Policía, Maritza Briones, el viceministro afirmó que la “señora no mencionó que su cónyuge no conocía la estructura que se conformó para los traslados”.
Fuentes presentó un memorando firmado el 13 de mayo de 2015, por Fausto T. (excomandante general de la Policía), dirigido al director general de personal. En el documento indica que “todos y cada uno de los pases de cualquier jerarquía sean dados previa autorización de este Comando”.
Fuentes ratificó que las autoridades policiales ya tienen el listado de los más de 1.300 miembros de la institución que habrían pagado por las credenciales. Recalcó que dentro del proceso cada uno tendrá que declarar por dichos desembolsos.
La audiencia de juicio de este caso se reinstaló ayer en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. En anteriores días se utilizaron las salas ubicadas en el mezzanine y en el segundo piso.
Desde que inició la audiencia el 5 de septiembre pasado, la seguridad se ha reforzado en el edificio. Los procesados, al bajar del bus que los transporta desde la cárcel 4, e ingresar al edificio son recibidos por sus familiares quienes los saludan efusivamente gritando “inocentes”.
Algunos traen la comida que los guías penitenciarios les entregarán a la hora de almuerzo. Mientras que otros salen a comprar comida rápida en restaurantes cercanos.
La Defensa prescinde de testigos
Parte de los 419 testigos de la defensa ya no comparecerán a rendir su versión. Felipe Rodríguez, abogado del coronel René P, señaló que “en mi caso particular teníamos 102 testigos llamados y no vamos a utilizar a ninguno de ellos porque no se ha mencionado a nuestro cliente en ninguno de los puntos”.
“Nunca se presentaron sus estados de cuenta, no se verificó si cobró o no dinero, nunca se ha dicho si sabía o no de los pases, por lo tanto no se ha demostrado que haya habido cobro alguno”, anotó.
Mientras que el abogado de Edwin R. explicó que “la defensa técnica del cabo Rodolfo Q. y Sangucho C. ha solicitado los testimonios de 13 servidores policiales, uno de los más importantes es el agente investigador que realizó el análisis financiero”.
Pero va a prescindir de diez testigos porque “cuando fueron llamados por la Fiscalía, en el contrainterrogatorio ya proporcionaron la información correspondiente”.
Edecán deslinda responsabilidad
El coronel René P. quien se desempeñó como edecán del general Fausto T. señaló que el Ministro del Interior autorizó su traslado para que colabore en la comandancia de Policía. Dijo que Ernesto M, otro de los procesados, señaló que “en honor a la verdad, mi coronel P. y otras personas no sabían del cobro de los mencionados salvoconductos”.
“Como consta en los partes policiales por disposición de mi comandante general, yo solo comunicaba los pases para que inicie el proceso el director general de personal, quien tenía la obligación de verificar y dar el trámite respectivo, para eso hay un jefe de análisis, jefes de pases y director de personal”, agregó el mencionado uniformado.
Explicó que un edecán tiene una variedad de funciones, entre ellas, llevar la agenda del comandante general, coordinar entrevistas con medios de comunicación y con protocolo y mantener un contacto permanente con las direcciones nacionales de la institución.
“Las disposiciones se transmitían, yo no disponía nada”, insistió tras recalcar que no había conocido “ni a Montenegro, ni a Carrera”, a quienes los conoció al llegar al Comando General de la Policía.
DATOS
15 policías y un civil son encausados por el supuesto delito de delincuencia organizada, sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, según el COIP.
Entre octubre de 2014 a julio de 2015 se habrían negociado 1.317 pases realizados por medio de supuestos “reclutadores”, quienes se encargaban de buscar uniformados que requerían el traslado de una ciudad a otra.
Los procesados habrían registrado movimientos económicos por más de $ 6 millones por concepto de negociación ilegal de pases, según Fiscalía.
Por ello, la Fiscalía entregó como prueba documental 1.317 partes informativos de remociones efectuadas entre 2014 y 2015. Allí incluyó 87 informes de movimientos financieros de los acusados.
