En rueda de prensa, Diego Fuentes, viceministro de Seguridad Interna y el coronel Carlos Alulema, director Nacional de la Policía Judicial (DNPJ), informaron que esta acción policial fue ejecutada en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Manabí, en donde se detuvo a ocho personas, entre ellos un mayor de la Policía en servicio activo y un exservidor público.
Fuentes detalló que la investigación duró tres meses, en la que los agentes de la UDAT, a través de una denuncia, comenzaron a investigar a esta supuesta red delictiva dedicada al ingreso ilegal de vehículos y motocicletas de alta gama procedentes de diversos países especialmente de Estados Unidos. Esta operación tiene que ver con una anterior denominada Motor 1, en donde se incautó vehículos que no tenían documentación legal en el país.
Los automotores ingresaban por el Puerto de Manta, provincia de Manabí, de manera ilegal, evadiendo controles aduaneros, sin el pago de impuestos correspondientes. Al principio se creía que uno de los detenidos era parte de la Agencia Nacional de Tránsito de Manabí (ANT).
Luego los vehículos se comercializaban en otras provincias del país. El valor de estas motos sobrepasaba los 30 mil dólares. La ganancia adquirida por la venta de los automotores oscilaba entre 10 y 15 mil dólares. Dentro del grupo de las personas que presuntamente las comercializaban estaba un oficial de Policía, el mayor Lenin P. y su padre Gualberto P.
El oficial se desempeñaba como funcionario del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT). Fuentes señaló que este oficial, por su trabajo, tenía relación con algunas instituciones que registraban los vehículos y motos. “Él (Lenin P.) se dedicaba a la coordinación y a la obtención de la información para registrar las motos y luego también las comercializaba”.
El viceministro también indicó que el oficial será separado inmediatamente de las filas policiales y junto con él ya son 861 agentes desvinculados por actividades ilícitas. “Todos los policías que están lucrando con su uniforme serán tarde o temprano detenidos. Estamos actuando con transparencia. Estamos coordinando con el Servicio Nacional de Aduanas para conocer el número de vehículos que han llegado al país y saber si los compradores de los vehículos eran o no de buena fe”.
Los agentes que investigaron el caso indicaron que el perjuicio que ocasiona este delito es que las motos que fueron incautadas ya no serán devueltas a sus compradores, generando pérdidas de gran valor económico. Dentro de los indicios se hallaron siete motocicletas de alta gama, además un vehículo reportado como robado en Perú y que ahora circulaba en Quito con documentación ecuatoriana.
