En el espacio de entrevistas de EL TELÉGRAFO en Radio Pública, Espinosa explicó que durante la investigación (SCPM) -«que puede durar hasta 3 años»- se podrán emitir medidas cautelares que protejan a los clientes de las empresas de medicina prepagada.
El presidente de la firma Salud S.A., Eduardo Izurieta, quien es también representante de la Asociación de Empresas Ecuatorianas de Medicinas Prepagadas, anunció en días pasados que su compañía “dejará el segmento corporativo”, finiquitando 170.000 pólizas vigentes hasta noviembre.
El presidente del IESS manifestó que la intención de suspender contratos corporativos «no tiene lógica». Y recordó que las aseguradores solo pueden elevar las primas de pago previa aprobación de la Junta Monetaria Financiera.
Espinosa explicó que el proyecto de ley de medicina prepagada -que aún espera debate en el pleno de la Asamblea Nacional- plantea que las aseguradoras asuman parte de los costos de atención de uno de sus clientes cuando decide ser atendido en el sector público.
Puso como ejemplo -según él, real- el caso de un ciudadano que debía ser sometido a un trasplante renal. Esta persona contaba con un seguro que le cubría un máximo de $ 30 mil por operaciones y su intervención requería de $ 120. Al decidir ser atendido en un hospital del Ministerio de Salud Pública -contó Espinosa- el usuario no tuvo que pagar «ni un centavo».
Lo justo, indica el presidente del IESS, es que la aseguradora cubriera (es decir, pagara al Ministerio) los $ 30 mil por los que aseguraba originalmente a su cliente y que la Secretaría de Estado asumiera los $ 90 mil restantes.
