No obstante se mostraron contrarios a la reforma al artículo 110 de la LOSEP, referente a la liquidación fraccionada dentro de un mismo mes entre dos personas, argumentando que es regresiva en cuanto a derechos adquiridos.
Sobre la disposición general cuarta de la Ley de Servicio Público, que regula los nueve días que están previstos en la ley como de descanso obligatorio, con el fin de incrementar el turismo, Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral se refirió positivamente, argumentando que ante los lamentables acontecimientos suscitados el 16 de abril en las provincias de Manabí y Esmeraldas efectivamente ameritan que una propuesta de esta naturaleza sea respaldada por su organización.
Así mismo, sostuvo que la sustitución del artículo 110 de la LOSEP, en los términos propuestos, si bien técnicamente puede ser aplicable, no está en armonía con el artículo 423, numeral 3 de la Constitución que refiere a fortalecer la armonización de la legislación laboral con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo… de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad”.
Explicó que en los trabajadores ecuatorianos se ha consolidado el tema del derecho adquirido y cuando se refiere al cálculo de la liquidación fraccionada como se presenta en el proyecto, se entendería como una remuneración completa por el mes, es un derecho adquirido logrado a lo largo de los años y ahora tendría una condición de carácter regresiva frente al derecho adquirido que se perdería.
“En cuanto a las reformas para regular los días de feriados estamos muy de acuerdo en que se efectúe esa homologación por cuanto hemos considerado y observado que el país necesita de la inyección del turismo para fortalecer la economía” dijo Mario Molina, de la Central Unitaria de Trabajadores, al señalar que en este aspecto se allanan a la iniciativa del Ejecutivo.
Sobre el tema para efectuar las liquidaciones cuando los trabajadores se desvinculan laboralmente, pidió se haga una revisión para no perjudicar o disminuir los derechos adquiridos.
Los asambleístas Bairon Valle y Mary Verduga coincidieron en que se analicen los derechos laborales en función de ambas partes. Indicaron que el servidor cesante percibirá la remuneración íntegra por los días efectivamente laborados del mes en que se produzca la separación. En caso de los contratos se sujetarán a lo que estipulen los mismos.
Valle recordó que según la normativa vigente si un trabajador pone la renuncia entre los primeros cinco días del mes la institución tiene que pagar el mes completo y contratar a una nueva persona en donde en muchas ocasiones no hay rubro para cubrir el salario para ese nuevo trabajador.
Argumentó que la Constitución señala a igual trabajo igual remuneración, por tanto la reforma es saludable, porque el presupuesto que se destina para los salarios es único y lo que se busca es que se pueda dividir entre dos trabajadores que compartieron el mismo cargo el uno porque se retiró y el otro que lo reemplazó.
