Los magistrados sí aceptaron la apelación de Carlos P., quien fue fiscal de este caso, ocurrido el 19 de noviembre del 2013, durante un operativo policial en una farmacia ubicada en el norte de Guayaquil. Allí fueron ejecutadas 8 personas y 4 desaparecieron.
El fiscal General, Galo Chiriboga, durante su exposición aseguró que las investigación probaron la existencia del delito y que los sentenciados participación del mismo. “La Fiscalía ya demostró, a través de las pruebas, que las víctimas fueron ejecutadas boca abajo, a corta distancia y contra el piso. Es decir, se demostró que se cometió ejecución extrajudicial, lo cual constituye una grave violación a los derechos humanos”, explicó Chiriboga.
El funcionario reiteró que dentro de la sentencia del 24 de noviembre del 2015, los jueces de la CNJ declararon cosa juzgada fraudulenta a las resoluciones emitidas por la Corte Policial en el 2003. Esto se debe a que la Corte Policial juzgó el caso y sobreseyó a 32 uniformados, a pesar de las evidencias.
De acuerdo a la Fiscalía, durante el operativo policial realizado en la farmacia, no hubo uso progresivo de la fuerza, se modificó la escena del crimen y se colocaron granadas junto a los cuerpos de las víctimas, “a tal punto que se puso una de ellas junto a la mano de un cliente que compraba pañales, cuando él no tenía nada que ver con los asaltantes”.
