El proyecto de Ley Orgánica de Cultura se encuentra ya en conocimiento del Ejecutivo, que deberá objetarlo o sancionarlo. La Asamblea Nacional lo aprobó el 10 de noviembre pasado. La norma garantiza los derechos culturales y la interculturalidad. Crea el Sistema Nacional de Cultura, sobre la institucionalidad existente.

Asamblea

Muchas son las ventajas. Con el proyecto se fortalece la identidad nacional; impulsa la libre creación, valoración y circulación de productos, servicios culturales y de los conocimientos ancestrales; reconoce los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y el patrimonio, con la creación de un régimen de seguridad social.

A través de esta iniciativa se busca salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promueve su investigación, recuperación y puesta en valor; y, se fomenta las expresiones culturales y artísticas en todos los territorios. Además incentiva la descentralización y desconcentración de la institucionalidad de este sector y fortalece su articulación con los sectores educativos, turísticos, productivos, de ciencia y tecnología, entre otros.

Entre otros beneficios fomenta la educación artística y patrimonial para todos nuestros niños; impulsa el cine nacional y las expresiones de cultura y arte; promueve el respeto a la propiedad intelectual y conocimientos ancestrales; promueve la utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos asignados a la cultura, así como el manejo transparente y rendición de cuentas.

El proyecto reconoce el derecho al uso del espacio público en el ámbito cultural y lo articula en una red a dispsición de los artistas, gestores y creadores; y, reconoce el derecho a la expresión cultural propia de colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, entre otras ventajas.

Las políticas culturales están orientadas a afirmar el Estado intercultural y plurinacional, con el fin de desarrollar la unidad en la diversidad, para ello se garantiza la participación ciudadana en todas las fases y espacios de gestión, planificación nacional y local en el ámbito cultural y se democratiza la toma de decisiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Con la norma se obliga al Estado para que genere las condiciones e institucionalidad necesarias para el reconocimiento, investigación, gestión, actualización, difusión, acrecentamiento y circulación de la memoria social; implemente medidas de protección adecuadas para evitar la importación y exportación de bienes culturales que tienen prohibición de ser comercializados o que han sido robados; otorgue incentivos y estímulos para que las personas y colectivos realicen actividades culturales y artísticas; y, políticas de fomento a la producción de bienes y servicios culturales para garantizar la soberanía cultural.

De igual manera, se fija los lineamientos para una política nacional de lectura y creación literaria y se crean dos fondos de financiamiento para la cultura.