Durante el primer debate, que se realizó el martes pasado, los legisladores expresaron algunos criterios en torno a la propuesta del Ejecutivo, enviada como urgente en materia económica. Uno de los pedidos fue que se retire del proyecto la reforma al artículo 165 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, relacionada con la extensión del plazo para que las mineras paguen un porcentaje por las ganancias extraordinarias.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, fue una de las legisladoras que propuso eliminar la disposición reformatoria única, que contiene este tema, “al no guardar ninguna relación con este impuesto”. Añadió que dicha disposición “significaría que de los 5 proyectos estratégicos que el Ministerio de Minería presenta a noviembre de 2016 difícilmente veremos ingresos extraordinarios antes del año 2021”.
A ella se sumaron otros parlamentarios como la primera vicepresidenta de la Legislatura, Rosana Alvarado, Ximena Ponce, Liliana Guzmán, Marisol Peñafiel, Miguel Carvajal, entre otros.
En el debate varios asambleístas se pronunciaron también sobre una eventual revisión de la base imponible para liquidar la ganancia extraordinaria, que en la propuesta es de 24 salarios básicos unificados. Alexandra Ocles dijo que puede ser de 48 a 50 salarios básicos unificados.
Además, mostraron preocupación en cuanto a la marginación de algunos sectores que no deben pagar el impuesto sobre la especulación de las tierras, entre ellos quienes se dedican a la promoción inmobiliaria y construcción de bienes inmuebles, como consta en el proyecto. Rosana Alvarado y Ximena Ponce consideraron que se deberían fijar plazos. Este sector tiene, por otras disposiciones legales, mecanismos para hacer recuperación de plusvalía. Hay que establecer restricciones más exactas, porque hay negocios que florecen no solo con la producción, sino con la especulación del terreno cuando se lo deja engordar, dijo Ximena Ponce. Planteó que se fijen dos años de plazo para que un bien esté sin ser utilizado.
Entre otros planteamientos, los legisladores pidieron que esa exoneración del pago se extienda a otros sectores. La Presidenta planteó que se amplíe para grupos de atención prioritaria como personas con enfermedades catastróficas, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad severa.
En la presentación de informe para primer debate, el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, aseguró que la propuesta busca evitar la especulación del suelo y promover el derecho a la vivienda con precios razonables para los sectores más pobres.
Si dejamos que el mercado establezca los precios difícilmente los ciudadanos podrán acceder a la vivienda. El Estado ha priorizado la inversión pública lo que ocasiona que, en ciertos casos, el precio de los suelos se incremente. Los mecanismos para controlar la especulación no han sido eficientes. En Ecuador más de 1,3 millones de hogares, un promedio de 36%, no cuentan con este derecho, por eso debe intervenir el Estado, acotó el legislador.
