Javier Córdova señaló que lo sucedido en Morona Santiago, donde se registró la muerte de un policía y otros más quedaron heridos, es muy complejo, y lo primero que se debe hacer es rechazar estos niveles de violencia, que no pueden ser aceptados bajo ningún concepto más allá si se oponen o no a la actividad minera o están o no de acuerdo con las políticas del Gobierno.
En este sentido, el Ministro fue enfático en señalar que desde el Gobierno buscarán sancionar con todo el rigor de la Ley a quienes dispararon y a quienes instigaron este tipo de violencia en Morona Santiago. Luego, lo fundamental, dijo, será mantener un diálogo con las comunidades sobre los proyectos mineros. “Hemos dialogado permanentemente con las comunidades, no únicamente por el proyecto minero San Carlos Panantza”, aclaró.
Asimismo, Córdova manifestó que desde el Gobierno, y en especial desde la Cartera de Minería, se agotaron todos los esfuerzos de diálogo para que la comunidad Nankints pueda salir de los terrenos que no eran de ellos y estaban invadidos. “El desalojo se realizó recién en agosto de 2016, a pesar de que la orden venía desde hace años atrás”, detalló el Secretario de Estado, quien señaló esta administración apoya los proyectos mineros porque creen que esta industria puede ser llevada de forma responsable.
De su lado, Carlos Pérez Guartambel señaló que el presidente de la República, Rafael Correa, ha cambiado de orilla, y en la actualidad de ecologista se ha convertido en extractivista. Esto en referencia, dijo, a una frase pronunciada por el Jefe de Estado, entre 2016 y 2007, quien expresó que ningún proyecto minero, por más rentable que sea, justifica el derramamiento de sangre.
El líder indígena manifestó, además, que la actitud de despojo y militarización de los territorios ancestrales por parte del Gobierno Nacional es una provocación a los “hermanos shuar”, y calificó a la presencia de 8 000 efectivos militares en San Carlos Panantza como un «acto miserable». “El presidente Correa es el responsable de todo lo que ha sucedido y lo que podría suceder en Morona”, añadió.
Mientras tanto, Mario Melo lamentó que un tema socioambiental se haya llevado por vías violentas y enfatizó que en una sociedad democrática este tipo de actitudes, vengan del Gobierno o de particulares, es inaceptable. “Hoy hay la necesidad de establecer espacios de diálogo francos y sinceros entre el Estado y las comunidades indígenas”, explicó.
Afirmó, además, la militarización y allanamientos nos son más que detonantes para más violencia, lo cual es contrario a la vocación de paz que proclama la Constitución de la República. “De ninguna manera un conflicto donde se ha generado violencia puede ser solucionado con más violencia”, dijo y añadió que el Estado debe dar un paso adelante y aceptar el llamado realizado por la Conaie para establecer mesas de diálogo con la participación de organismos internacionales.
