La ley, adoptada por el Parlamento y publicada en el diario oficial, autoriza al consejo a investigar el financiamiento de los medios de comunicación y advertir o revocar a los que considere que contravienen las exigencias de «seguridad nacional» del país.
El consejo estará integrado por un jefe elegido por el presidente egipcio y 12 miembros recomendados por el Parlamento u otras instituciones, aprobados además por Al Sisi.
El Comité de protección a los periodistas, con sede en Nueva York, ha acusado a Egipto de imponer restricciones a los medios y de ser un «encarcelador de periodistas».
La ley dice que el consejo garantizará «el derecho de los ciudadanos a disfrutar de medios libres y honestos». Pero también encarga al consejo «garantizar la conformidad de los medios con las exigencias de seguridad nacional».
Al Sisi ha desechado las críticas respecto a las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Egipto, pero con frecuencia se queja de su actividad, asegurando que algunas coberturas periodísticas son nefastas para el país.
Según un responsable del Sindicato de periodistas egipcios, Jaled Elbakshy, esta ley refuerza el control del gobierno sobre los medios de comunicación.
