Pese a haber sido reelegida como presidenta de Brasil en 2014, Dilma Rousseff tuvo un difícil 2016 cuando explotó el escándalo de corrupción en la estatal petrolera, Petrobras, en el que más de 50 políticos fueron acusados de desviar dinero.
El 4 de marzo de 2016, el expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva fue detenido dentro de las investigaciones iniciadas por el Congreso en contra de Rousseff.
El 17 de abril, el Pleno de la Cámara de Representantes le dio la primera estocada a la entonces Mandataria, al ratificar el inicio de una investigación en su contra, con 367 votos a favor y 137 en contra. Así, el 12 de mayo, Rousseff fue suspendida por 180 días. Su vicepresidente, Michel Temer, asumió la Jefatura de Estado de manera temporal.
El proceso pasó al Senado de la República y el 25 de agosto comenzó la fase final del juicio político que paralizó a todo el país. Rousseff intervino frente a los 81 senadores con un emotivo discurso.
Pero está petición no fue escuchada y finalmente Rousseff, quien en 2011 se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de Brasil, tuvo que abandonar la Jefatura de Estado.
Es la segunda vez en la historia del gigante sudamericano que un mandatario es destituido por el Congreso, luego del impeachment de Fernando Collor de Mello en 1992, por cargos de corrupción.
Rousseff fue acusada de emitir decretos que alteraron el presupuesto y de tomar préstamos de la banca pública a espaldas del Congreso.
Después de la destitución de Rousseff por un maquillaje fiscal de las cuentas públicas, el Partido de los Trabajadores recibió otro duro golpe. El expresidente brasileño Lula de Silva fue acusado de corrupción y lavado de dinero, por lo que lo llevaron a juicio. Hasta noviembre, Lula había sido imputado en tres procesos de corrupción. El expresidente brasileño se considera un perseguido político por la justicia y asegura ser inocente.
En medio de acusaciones de «traidor» y «golpista», Michel Temer asumió el desafío de sacar a Brasil de su peor recesión económica en casi 90 años.
El político de 75 años, que también enfrenta el rechazo de un sector de la población brasileña, deberá completar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
