El caso investigaba al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió Urdangarín, a la que supuestamente se desviaron 6,1 millones de euros de fondos públicos, entre 2004 y 2007.
La infanta estaba acusada como presunta cooperadora de dos delitos fiscales que Urdangarín cometió al defraudar cerca de 340.000 euros en sus declaraciones fiscales de 2007 y 2008 a través de Aizoon.
El juicio comenzó el 11 de enero de 2016.
Cristina de Borbón deberá pagar una multa de 265.088 euros.
Diego Torres Pérez, también acusado en el caso, fue sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión y a una multa que asciende a 1,7 millones de euros. Por su parte, Jaume Matas Palou deberá pagar 3 años y 8 meses de prisión.
