Durante la campaña electoral y desde el inicio de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado por generar polémica y buscar enfrentamientos con varios sectores de su país con el único objetivo: llevar adelante su plan de Gobierno y una de sus principales propuestas relacionadas con una reforma migratoria.
En la última semana, el Presidente de EE.UU. afirmó que ve un «deseo nacional» de lograr una reforma migratoria y cree que el tema de la legalización de los indocumentados se debe «trabajar de manera bipartidista» en el Congreso. «El presidente comprende que este es el momento para poder tener una reforma migratoria, el país lo desea», explicó Aguirre Ferré, asesora especial del mandatario y directora de asuntos de prensa, durante una entrevista con Efe en la Casa Blanca.
En cuanto al «estatus legal» de los alrededor de 11 millones de indocumentados que residen en EE.UU., «eso es algo que se tiene que trabajar de manera bipartidista» y Trump «entiende, lo ha expresado, que particularmente en el tema de inmigración, ambos lados tienen que suavizar sus posturas y de esa manera llegar al centro», según la asesora.
La semana pasada, en su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso, Trump afirmó que cree posible lograr «una reforma migratoria real y positiva», siempre y cuando los objetivos sean mejorar los empleos y salarios de los estadounidenses, fortalecer la seguridad nacional y restablecer el respeto a las leyes.
Según el presidente, el actual sistema de inmigración de EE.UU. está «obsoleto» y reformarlo significa también «proteger» a los trabajadores del país.
Horas antes de esa intervención ante el Congreso, en un almuerzo privado con periodistas de las principales cadenas de televisión del país, Trump se mostró abierto a una vía a la legalización -aunque no a la ciudadanía- para aquellos indocumentados que no hayan cometido delitos graves o violentos, de acuerdo con algunos de los presentes.
No obstante, ese extremo no ha sido confirmado por la Casa Blanca y Aguirre Ferré se limitó a decir a Efe que el estatus legal de los indocumentados «es algo que se tiene que trabajar de manera bipartidista» en el Congreso.
Estos anuncios se realizan al mismo tiempo que el presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, William A. Stock, advirtiera que Trump podría ordenar la deportación de hasta medio millón de indocumentados en el primer año fiscal de su Gobierno.
En entrevista con Efe, el responsable de esta asociación, que reúne a más de 14.000 abogados de inmigración, señaló que la Casa Blanca se tendrá que conformar con esa cifra en este año fiscal, que acaba el próximo 30 de septiembre, por las limitaciones que tiene el actual sistema.
«A menos que el Congreso proporcione dinero adicional, en la práctica, las autoridades realizarán de 450 a 500 mil expulsiones por año, es todo lo que el sistema puede manejar», acotó.
Asimismo, Trump anunció esta semana que planea recortar en un 14 % el presupuesto para 2018 de la Guardia Costera para destinarlo a seguridad fronteriza -construcción del muro incluida- y control de la inmigración. La propuesta presupuestaria también prevé una reducción del 11 % de la Administración de Seguridad en el Transporte, encargada de la seguridad aeroportuaria (TSA).
El presupuesto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que aporta los primeros fondos de respuesta a desastres naturales como huracanes, tornados o inundaciones, también sufrirá un recorte del 11 %, de acuerdo con el rotativo.
Estos porcentajes dejarían el presupuesto de la Guardia Costera en 7.800 millones de dólares (9.100 en 2017), en 4.500 millones de dólares el de la TSA y 3.600 el de la FEMA.
