«El despido de hasta 134.000 funcionarios públicos, sin el debido proceso o acceso a una compensación, por supuesta relación con organizaciones que el Gobierno ha decidido proscribir, no se puede justificar», dijeron en un comunicado.
El domingo se celebra en Turquía un referéndum para determinar si se cambia la Constitución para reforzar los poderes de la figura del presidente.
Los expertos indicaron que incluso bajo el estado de emergencia, los derechos económicos, sociales y culturales solo puede limitarse si respetan los propios derechos y «solo con el propósito de promover el bien común en una sociedad democrática».
«Pero no ha habido ninguna intención de mostrar que estas medidas, que han destruido las carreras y los medios de vida de decenas de miles de personas, cumplen estos criterios», arguyen.
Sostienen que el derecho a la educación ha sido especialmente dañado dado que se han cerrado 1.000 escuelas y 15 universidades, y se ha despedido a miles de profesores.
Los sindicalistas han sido especialmente afectados, según los expertos, incluidos 10.000 profesores que eran miembros del sindicato de la Educación y que han perdido sus empleos.
Asimismo, indicaron que 200 medios de comunicación han sido clausurados, con lo que más allá de la pérdida de la forma en que se ganaban la vida los periodistas afectados, «la capacidad de celebrar un debate equilibrado sobre el referéndum se ha socavado».
El comunicado pone énfasis en el hecho de que de aprobarse la reforma constitucional, el presidente tendrá la capacidad de establecer individualmente el estado de emergencia y promulgar las normas al respecto que desee.
«Dada la naturaleza arbitraria de los decretos de emergencia aprobados desde julio de 2016, existe una seria preocupación de que esos poderes puedan ser usados de manera que exacerben las grandes violaciones ya existentes a los derechos económicos, sociales y culturales», concluyeron los expertos.
Firman el comunicado Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza; David Kaye, relator especial sobre la promoción y la protección del derecho de opinión y de expresión; Maina Kiai, relator especial sobre el derecho a la manifestación pacífica; y Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la Educación.
