En la denominada «Operación Demoledor» participaron 1.883 miembros de la Policía, del Comando General de las Fuerzas Militares, la Fiscalía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), detalló la Policía en un comunicado.
El operativo incluyó registros de las cárceles La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá), Guaduas (Cundinamarca), La Ternera (Bolívar), Las Mercedes (Córdoba), Doña Juana (Caldas), Pedregal (Medellín), Palo Gordo (Santander), San Isidro (Cauca) y La Vega (Sucre).
En esos presidios se logró identificar a 34 presos que encabezaban bandas de extorsionistas.
«Los 34 presos, que efectuaban llamadas extorsivas desde sus celdas, fueron trasladados a una cárcel de alta seguridad, para así impedir que continuaran intimidando a comerciantes, ganaderos, vendedores», agregó la información.
Durante la redada en los diferentes centros carcelarios fueron decomisados 246 celulares, 205 sim cards, 25 memorias USB, cuatro módem, 53 cargadores y baterías, 29 agendas con información de posibles víctimas y 160 armas blancas.
En una segunda fase de la «Operación Demoledor», desarrollada en varias ciudades, fueron capturados 167 personas encargadas de reclamar el dinero producto de las extorsiones.
El director general de la Policía colombiana, general Jorge Nieto Rojas, explicó que los extorsionistas hacían llamadas telefónicas a nombre de cabecillas de grupos al margen de la ley y pedían medicamentos o equipos de comunicación de difícil adquisición, para que la víctima terminara pagando en efectivo.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, dijo que otra de las modalidades de los delincuentes consistía en suplantar autoridades.
«Llamaban a las víctimas para decirles que un familiar acababa de ser detenido, pero que si se consignaban un dinero con prontitud sería dejado en libertad», relató.
