Según Diario El Universo, han pasado 51 días desde que Álvaro Fernando Almeida Cáceres presentó un recurso de acción de protección que busca la suspensión de la Ley Orgánica para evitar la Especulación sobre el valor de las tierras y Fijación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, pero hasta ayer la Corte Constitucional (CC) no le daba trámite.
El recurso, según el escrito presentado por Almeida, busca que la CC “declare la violación constitucional del debido proceso…” y “que en providencia se disponga la suspensión de los efectos jurídicos creados por esta ley…”.
El peticionario explica que la Asamblea Nacional no cumplió con los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para tramitar en segundo debate el proyecto de la llamada Ley de Plusvalía, envíado por el presidente de la República, Rafael Correa, como económico urgente.
“La convocatoria no cumple con los requisitos que determina la Ley (…). Tanto es el apuro en la emisión de la ley que se ha evidenciado la violación al debido proceso, y el inusitado interés de aprobarla…”, señala Álvaro Almeida en el texto.
Aunque hace poco tiempo los representantes de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enrique Pita, y de la Asociación de Promotores de Viviendas del Ecuador, Jaime Rumbea, se enteraron del recurso presentado por Almeida, como persona natural, ayer informaron que decidieron respaldarlo, y convocaron a una rueda de prensa.
Rumbea justificó su respaldo a la iniciativa de Almeida al señalar que en el 2016, solo con el anuncio de la ley, las reservas de viviendas, mediante una promesa de compraventa, cayeron en un 50% con relación al año anterior.
