En una entrevista radial, Rodas recordó que, en octubre pasado, el consorcio Acciona-Odebretch, «con la firma de sus dos miembros», solicitó al Municipio autorización para «reconformar el consorcio» mediante la salida de la firma brasileña.
Conforme a las políticas del proyecto, dijo que comunicó el pedido a los organismos multilaterales que financian el proyecto: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento y el Banco Europeo de Inversiones.
«Les solicitamos (que) emitan su autorización para dicha reconformación del consorcio», anotó al comentar que los organismos se tomaron «algunos meses» en evaluar de manera «muy rigurosa» varios aspectos como los relacionados con características técnicas.
Además, capacidades financieras, el cumplimiento de requisitos jurídicos, «que debían observar los nuevos miembros del consorcio para garantizar que estos nuevos miembros del consorcio tengan todas las condiciones necesarias como para afrontar, de forma adecuada, una obra de tanta magnitud», dijo.
Tras ese análisis, los organismos multilaterales le notificaron al Municipio a finales de abril pasado la «autorización para la reconformación», tras lo cual -explicó- expidió la autorización respectiva del Ayuntamiento.
«Esa autorización que expedí lo que hace es viabilizar la reconformación del consorcio porque el perfeccionamiento de dicho hecho requiere determinados actos jurídicos que deben ser celebrados entre las partes, entre los miembros del consorcio», subrayó al apuntar que ello es un «asunto ajeno» al Municipio.
Recalcó que las autorizaciones de los organismos multilaterales y del Municipio «se encuentran plenamente vigentes, son válidas», pero «también son independientes de los actos jurídicos que los miembros del consorcio deben realizar para concretar su reconformación».
«Esto no afecta el avance del proyecto», subrayó al recalcar que no solo cumplen el cronograma de obra sino que, incluso, registran adelantos en los trabajos.
Detalló que al momento trabajan con 37 frentes de obra en el metro, que tiene un 26 por ciento de avance.
El pasado 29 de abril, el Director Regional de Odebrecht para Ecuador, Mauro Hueb, afirmó en un comunicado que la «prioridad» de la empresa es finalizar las obras del metro de Quito y aseguró que la cesión de su participación en el consorcio a la española Acciona, y su salida del mismo, está suspendida desde el 4 de abril.
El 28 de abril, Rodas había informado durante una visita a las obras del subterráneo su aprobación a la reorganización del consorcio ya que no había recibido objeciones de los organismos multilaterales que financian el proyecto.
En su comunicado, Odebrecht señaló el 29 de abril que «desde el 4 de abril» el proceso de cesión a Acciona «se encuentra suspendido» y que esta decisión «fue formalmente comunicada al señor Alcalde de Quito el 18 de abril», según Hueb.
Para Hueb, la aprobación de la cesión «será válida en caso de que los socios del consorcio decidan retomar las negociaciones de cesión».
La obra del metro de Quito, cuyo proyecto abarca 22 kilómetros de túnel y 15 estaciones, fue adjudicada al consorcio hispano-brasileño en 2015 por más de 1.500 millones de dólares.
Tras la revelación de la Justicia estadounidense, en diciembre pasado, de que la constructora brasileña supuestamente pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios del país andino, se abrieron investigaciones en el país andino.
Un escándalo de corrupción que se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a finales de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
La multinacional brasileña ha alcanzado acuerdos judiciales con los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza, y pagará multas que suman al menos 2.047 millones de dólares.
